Un Tandil que crece a dos velocidades: barreras urbanas, servicios y desigualdades en los barrios

El crecimiento demográfico y territorial de Tandil sigue mostrando dos caras. Mientras la ciudad se expande y consolida su perfil turístico, empresarial y de servicios, otros barrios enfrentan un déficit estructural que impacta directamente en la calidad de vida de miles de vecinos. Así lo revelan los recientes informes de diagnóstico territorial elaborados por los Puntos de Extensión Territorial de la Secretaría de Extensión Unicen, documentos que trazan una cruda radiografía de las deudas pendientes en materia de urbanismo y salud pública, entre otros aspectos.

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El análisis de cinco zonas clave (La Movediza, Villa Aguirre, Villa Gaucho, Villa Laza y Cerro Leones) demuestra que las problemáticas de infraestructura no son simples incomodidades urbanas. Son el primer eslabón de una cadena de exclusión territorial que termina tensionando el sistema y condicionando el desarrollo social.

Asimismo, parte de la evidencia utilizada para la confección de los informes fue producida por el relevamiento estadístico que la Práctica Socioeducativa de la cátedra Probabilidad y Estadística de la Facultad de Ciencias Exactas de la Unicen realizó el año pasado. Vale reseñar que los dispositivos territoriales de la Universidad tienen presencia permanente en los barrios y articulan con los diferentes actores institucionales a través de mesas barriales y otros espacios.

Barreras urbanas 

Uno de los puntos más críticos que arrojan los informes es la consolidación de "barreras urbanas" que fragmentan a Tandil, dividiendo a la ciudad entre un centro integrado y una periferia aislada. Estas barreras no son sólo simbólicas, sino obstáculos físicos severos que alteran la dinámica cotidiana de miles de familias.

El caso más emblemático es la Ruta Nacional 226, que opera como una verdadera "cicatriz urbana". Para los habitantes del Corredor Norte —que engloba a populosos barrios como Villa Aguirre y Villa Gaucho—, la ruta representa una frontera hostil. Cruzarla a pie o en bicicleta para acceder a escuelas, lugares de trabajo o centros de mayor complejidad médica implica un riesgo vial constante. Esta desconexión física se traduce en aislamiento: la ruta retrasa el ingreso de ambulancias, patrulleros y bomberos ante emergencias, dejando a los vecinos en una situación de extrema vulnerabilidad.

Pero la ruta 226 no constituye la única barrera territorial identificada en el relevamiento. La propia configuración geográfica de algunos sectores, sumada a la falta de planificación y a la presencia de espacios degradados, genera obstáculos que dificultan la circulación y profundizan el aislamiento de determinados barrios.

En Cerro Leones, por caso, las cavas de piedra abandonadas y sin reacondicionar interrumpen la continuidad de las calles y generan sectores de baja visibilidad, además de constituir un riesgo físico, especialmente para los niños y niñas que transitan por la zona.

En sectores de Villa Aguirre, el arroyo Langueyú también funciona como una barrera dentro del territorio. A los problemas históricos vinculados al saneamiento y la contaminación se suma una integración deficiente del curso de agua a la trama urbana, que termina dificultando los desplazamientos y la conexión entre distintos sectores del barrio.

Estas dificultades se combinan, además, con las limitaciones del transporte público. La frecuencia y los recorridos disponibles resultan insuficientes para garantizar una adecuada conexión entre los distintos puntos de la ciudad, lo que incrementa la dependencia de vehículos particulares o de alternativas de movilidad más precarias. Para quienes no cuentan con transporte propio, esta situación puede traducirse en mayores costos, dificultades para acceder a servicios y oportunidades y un mayor aislamiento territorial.

Inseguridad y conflictividad social 

La noción de inseguridad en los barrios de la ciudad trasciende el mero hecho delictivo para entramarse con déficits de infraestructura urbana, barreras físicas y problemas de convivencia. Los recientes diagnósticos socioterritoriales exponen cómo cada sector de la periferia local vive y padece la falta de seguridad desde aristas muy diferentes.

En zonas como Villa Gaucho y Cerro Leones, el peligro cotidiano está marcado por el asfalto y el entorno físico. Las rutas Nacional 226 y Provincial 30 operan como barreras que obligan a los vecinos a cruzar tramos de alta peligrosidad a diario. En el caso del Corredor Norte, el puente peatonal luce subutilizado debido a que sus condiciones materiales y de iluminación no garantizan un cruce seguro. En Cerro Leones, en tanto, el riesgo vial se cruza con el histórico pasivo ambiental de las cavas. Durante el verano, la circulación masiva de personas hacia estos antiguos recintos picapedreros altera la tranquilidad vecinal y genera un foco de conflicto constante que alimenta los temores del barrio.

Por su parte, en el Corredor Oeste, la sensación de vulnerabilidad se nutre del deterioro del espacio público. En barriadas como Villa Laza, General Belgrano y Charitos, la escasez de alumbrado público, la falta de mantenimiento de los terrenos y la proliferación de animales sueltos por falta de controles conforman un escenario hostil. Este déficit estructural es tan agudo que afecta directamente la movilidad: un 20 por ciento de los adultos mayores de la zona manifestó tener dificultades para desplazarse por el barrio, señalando a la inseguridad y al estado de las calles como los motivos principales.

Sin embargo, el tejido social exhibe su punto de mayor tensión en La Movediza, donde la inseguridad encabeza por amplio margen el ranking de preocupaciones de los hogares, acumulando más de 145 menciones en los relevamientos recientes. En este sector, el reclamo vecinal tiene dos caras bien definidas: por un lado, la preocupación por la venta de estupefacientes, que demanda una intervención policial directa; y por el otro, un alarmante aumento en los conflictos vecinales y situaciones de violencia de género. Esta última dimensión de la violencia exige, más allá del patrullaje, redes de contención institucional y respuestas comunitarias urgentes.

Los servicios básicos, un lujo a medias 

A este aislamiento geográfico se suma el acceso desigual a los servicios. En La Movediza, por ejemplo, si bien la luz eléctrica tiene un alcance casi total, el 59,9 por ciento de los hogares carece de red de gas natural. Esta dependencia del gas envasado golpea la economía familiar y fomenta el uso de métodos de calefacción alternativos que incrementan los cuadros respiratorios durante el invierno. En cuanto al agua, persisten situaciones de acceso precario, especialmente en La Movediza 2, la Cava y la extensión de La Movediza 1.

En la zona de Villa Laza, particularmente en el sector de Los Charitos, el reclamo histórico por la falta de presión y acceso regular a la red de agua potable sigue vigente. A esto se suma la deficiencia en el saneamiento y la falta de cloacas en áreas de reciente expansión, lo que eleva el riesgo de enfermedades infecciosas.

En Villa Aguirre, el complejo Tarraubela, que forma parte del Registro Nacional de Barrios Populares, presenta infraestructura limitada. El relevamiento específico señala que el abastecimiento de agua depende de una manguera compartida, con roturas frecuentes, mientras que los efluentes se disponen sin infraestructura adecuada, configurando un riesgo sanitario.