ACUERDO
Argentina recibirá durante el año 24.240 millones de dólares del Fondo Monetario
Será en desembolsos del organismo que implicarán un financiamiento neto de 0,7 por ciento del PBI y permitirán cubrir el financiamiento externo del año, según lo previsto en el acuerdo difundido por el Gobierno nacional.
Así se desprende del Memorando de Políticas Económicas y Financieras de la carta de intención que el Ejecutivo envió para su aprobación en el Congreso, antes de solicitar formalmente al Directorio la firma por un nuevo acuerdo ante el FMI.
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En el “Marco de políticas y programa económico 2022-24” pactado en el citado documento, necesario para acceder al refinanciamiento de los vencimientos de capital por 45 mil millones de dólares de la gestión anterior, la Argentina se compromete a “mantener la recuperación económica y social en curso y, al mismo tiempo, reforzar la estabilidad y continuar abordando los desafíos para sostener el crecimiento en el largo plazo”.
Asimismo, el Gobierno reveló un plan de financiamiento público por los próximos tres años en que durará el programa que firmarán la Argentina y el FMI, del que se desprende que el primer desembolso del organismo, previsto apenas se apruebe el acuerdo, será de 9.800 millones de dólares.
Esos dólares ingresarían al país a fines de marzo y permitirán cancelar el vencimiento crítico por 1.900 millones de dólares, heredado del programa anterior.
El Gobierno se comprometió a implementar iniciativas y políticas para “mejorar las finanzas públicas para asegurar la sostenibilidad de la deuda sin comprometer la recuperación, implementando al mismo tiempo políticas para reducir las profundas brechas sociales y de infraestructura”.
Asimismo, el Gobierno se compromete a “reducir de forma duradera la persistente inflación elevada mediante una estrategia de varios frentes que incluya una combinación de políticas fiscales, monetarias y de precios e ingresos”, entre las políticas destacadas.
Metas inflacionarias
De esta forma, se prevé un esquema de metas de inflación dentro de un rango estimado, de manera que para 2022 se espera que la misma se ubique dentro de un rango de 48 a 38 por ciento; para 2023 en el rango de entre 42 a 34; y para 2024, el último año de duración del programa con el FMI, se encuentre entre el 37 a 29 por ciento, de manera de ir reduciéndola de manera gradual.
Asimismo, el Gobierno buscará fortalecer la balanza de pagos mediante políticas que “respalden la acumulación de reservas, los superávits comerciales, incentive las exportaciones netas, y las entradas de capitales de largo plazo, y preparen el terreno para un retorno a los mercados internacionales de capital en su debido momento, entre las iniciativas más destacadas”.
El programa contempla financiamiento externo de otros organismos por un valor “de 0,4 por ciento del PIB por año, durante 2022-24, una porción del cual ayudará a financiar tanto proyectos de infraestructura como programas para reforzar la protección social y la eficiencia energética”, indicaron.
En este contexto, se consignó que se trabaja con la intención de alcanzar “un acuerdo con los acreedores del Club de París sobre el calendario de repago de las obligaciones que sea consistente con nuestra capacidad de pago y la sostenibilidad de la deuda”.
Asimismo, “la política de financiamiento doméstica permanece enfocada en fortalecer el mercado de títulos públicos en pesos, con un plan que apunta a un financiamiento neto del sector privado en pesos al Tesoro de alrededor de dos por ciento del PIB por año durante 2022-24, sobre la base del plan de consolidación fiscal debidamente equilibrado”, apuntaron.
Política de subsidios
En cuanto a los subsidios, tema que insumió las discusiones más fuertes de las negociaciones, se pactó que “a fin de liberar recursos para prioridades de gasto más importantes, el escenario base supone una reducción de los subsidios a la energía en 0,6 por ciento del PIB en 2022”, se expresó en el texto, aunque se aclaró que existen incertidumbres importantes y riesgos alrededor de este escenario teniendo en cuenta las crecientes tensiones geopolíticas y la evolución de los precios de energía a nivel mundial.
“Como pilar principal de esta estrategia, eliminaremos los subsidios a los consumidores residenciales con mayor capacidad de pago”, subraya el texto. (Télam)