Atraso salarial y falta de regulación: la precariedad en el empleo doméstico
Desde noviembre de 2024 no hay aumentos oficiales para el sector, que acumula un atraso salarial cercano al 20%. Gremios denuncian desprotección y exigen una intervención estatal inmediata.

Desde noviembre de 2024, las trabajadoras de casas particulares no reciben actualizaciones salariales oficiales, lo que ha generado un atraso inflacionario de aproximadamente 20%. Esta situación preocupa a los sindicatos del sector, que recomiendan a las empleadas acordar tarifas por hora directamente con los empleadores, ya que las cifras que se pagan en la práctica están muy por encima de los montos mínimos establecidos por la normativa vigente.
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailEn la actualidad, las tarifas por hora oscilan entre $4.500 y $5.000, dependiendo de la zona geográfica, mientras que el salario mínimo para la quinta categoría, la más demandada, fue fijado por la Secretaría de Trabajo en $2.863 por hora y $351.233 mensuales para personal con retiro. Estos valores, establecidos en la Resolución 1/2025, quedaron desactualizados frente a la escalada inflacionaria que atraviesa el país.
Los gremios denunciaron que los aumentos otorgados durante 2024, que sumaron un 8,5% en total, resultaron insuficientes para compensar la suba sostenida en los precios, con productos básicos como la leche y el pan alcanzando costos muy elevados. Por ello, exigen al Gobierno una actualización urgente que contemple un salario mínimo de $5.000 por hora.
La falta de actualización oficial no solo afecta el poder adquisitivo de las empleadas domésticas, sino que también genera incertidumbre en la relación laboral. Para proteger tanto a trabajadoras como empleadores, los sindicatos recomiendan incluir en los recibos la leyenda “a cuenta de futuros aumentos”, con el fin de evitar conflictos en caso de que se establezcan ajustes retroactivos.
Un dato preocupante es la paralización de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que no se reúne desde enero de 2025. Esta falta de convocatoria frena cualquier intento de actualización consensuada de los salarios y profundiza la vulnerabilidad del sector.
Además del salario básico, las empleadas domésticas perciben un 1% adicional por cada año de antigüedad y un 30% extra si trabajan en zonas desfavorables, como Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego. Sin embargo, estas sumas no compensan la pérdida real de ingresos generada por la inflación.
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Desde febrero de 2025 también aumentaron significativamente los aportes y contribuciones patronales, con subas de hasta el 64,52%. Esto implica un mayor costo para los empleadores, quienes deben abonar mensualmente más de $28.000 para empleadas con jornadas de 16 horas semanales o más, incluyendo aportes jubilatorios, obra social y ART.
La brecha entre los salarios mínimos legales y lo que se paga efectivamente en el mercado es cada vez mayor. Mientras los valores oficiales para la quinta categoría sin retiro son de $3.089 por hora, en la práctica las tarifas reales superan ampliamente estas cifras, lo que evidencia una regulación salarial delegada al mercado en lugar de una intervención estatal oportuna.
Para el mes de julio de 2025, si no hay nuevas actualizaciones oficiales, se mantendrán vigentes los mismos montos establecidos desde principios de año, pese a la persistente inflación. Esto significa que las trabajadoras de casas particulares seguirán viendo reducido su poder adquisitivo mientras los precios continúan en alza.
El modo de pago también varía según las horas trabajadas: quienes cumplen menos de 24 horas semanales se remuneran por hora, mientras que quienes superan ese límite deben recibir un salario mensual proporcional. La falta de aumentos oficiales y la parálisis en las negociaciones generan una situación compleja para un sector históricamente vulnerable y clave en la economía doméstica.