Diputados comenzará a debatir el miércoles la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional

La Cámara de Diputados comenzará este miércoles 30 de septiembre el debate del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una extensa iniciativa enviada por el Gobierno de Javier Milei al Congreso en medio de las renovadas tensiones con el Reino Unido por la situación de las Islas Malvinas.

¿qué querés saber?

   Dame un resumen

El proyecto ingresó formalmente a la Cámara baja el 17 de septiembre, bajo el expediente 0010-PE-2026, y fue girado a las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto.

Según el cronograma previsto, las tres comisiones se reunirán de manera informativa el miércoles desde las 12, mientras que el oficialismo apunta al martes 6 de octubre para avanzar con la firma de los dictámenes. Si el esquema no sufre modificaciones, el proyecto podría llegar al recinto posteriormente.

Las comisiones involucradas están encabezadas por dirigentes del oficialismo: Carlos Zapata preside Defensa Nacional, Laura Rodríguez Machado conduce Legislación Penal y Juliana Santillán está al frente de Relaciones Exteriores y Culto.

La iniciativa fue presentada por el Ejecutivo como una herramienta para fortalecer la defensa de los derechos soberanos argentinos, con especial énfasis en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes. El Gobierno sostuvo al anunciarla que se estructura alrededor del castigo a la explotación ilegítima de recursos naturales, la generación de incentivos para que esas actividades cesen y la incorporación de herramientas frente a amenazas externas.

Qué propone la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional

Uno de los puntos centrales es el endurecimiento de las penas por la explotación o cooperación para la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes sin autorización argentina.

La iniciativa reemplaza el esquema establecido por la Ley 26.659 y extiende las prohibiciones más allá de los hidrocarburos, para alcanzar el aprovechamiento no autorizado de recursos naturales renovables y no renovables.

También contempla la creación de un registro público de infractores, con restricciones para que el Estado y particulares puedan contratar con las personas o empresas incorporadas allí, además de prever el juicio en ausencia para determinados delitos incluidos en la norma.

El proyecto, que consta de 133 artículos, no se limita a la cuestión Malvinas. También introduce modificaciones sobre Defensa Nacional, Inteligencia y Financiamiento de los Partidos Políticos, entre otras áreas.

Entre sus disposiciones aparece la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica.

El organismo tendría entre sus funciones la coordinación estratégica de las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, además de intervenir en la protección de infraestructuras consideradas críticas.

Ante determinadas amenazas graves e inminentes, el Consejo podría adoptar medidas urgentes que incluyen restricciones sobre operaciones cambiarias y financieras, bloqueos temporales de fondos y activos, suspensión de autorizaciones o contrataciones y limitaciones sobre importaciones y exportaciones.

La iniciativa contempla además, como último recurso y bajo un protocolo de actuación, medidas contra aeronaves o buques considerados hostiles.

Otro capítulo establece restricciones para los aportes económicos de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos políticos y campañas electorales.

Además, incorpora figuras vinculadas con la revelación de secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros, la colaboración con operaciones clandestinas de inteligencia y determinadas acciones financiadas desde el exterior destinadas a interferir en procesos electorales o desarrollar campañas coordinadas de desinformación masiva.

El texto también propone cambios en las funciones de la Defensa Nacional para habilitar su intervención ante determinadas amenazas externas estatales y no estatales, además de incorporar por ley el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

Las críticas de la oposición

La amplitud del proyecto generó cuestionamientos desde distintos sectores opositores, que pusieron el foco especialmente en las facultades que tendría el Poder Ejecutivo, las atribuciones otorgadas en materia de seguridad y defensa y las disposiciones vinculadas con la denominada desinformación.

Uno de los dirigentes que cuestionó con mayor dureza la propuesta fue el diputado nacional de Unión por la Patria Marino, quien calificó la iniciativa como un “caballo de Troya” y sostuvo que el Gobierno utiliza la reivindicación argentina sobre Malvinas para incorporar modificaciones mucho más amplias en materia de seguridad.

El legislador también cuestionó la creación del Consejo de Seguridad Nacional y advirtió sobre las consecuencias que, según su interpretación, podría tener la incorporación del RePET a la legislación.

Además, expresó reparos sobre las figuras penales vinculadas con la manipulación de la opinión pública mediante financiamiento extranjero y sobre las herramientas previstas para congelar bienes de personas o entidades incluidas en determinados registros.

La discusión comenzará formalmente el miércoles en Diputados y el objetivo del oficialismo es acelerar el tratamiento durante los primeros días de octubre, con la intención de conseguir dictamen el martes 6.

Sobre el autor

El Eco de Tandil

Más de 144 años escribiendo la historia de Tandil