El Gobierno analiza postergar la privatización de AySA ante pedidos de los interesados

El Gobierno nacional evalúa por estas horas postergar la fecha límite para la presentación de ofertas en el marco del proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). El cronograma oficial establecía este jueves a las 10 de la mañana como el cierre para recibir las propuestas, pero la apertura de sobres podría trasladarse a mediados de septiembre ante los pedidos de prórroga impulsados por las firmas interesadas.

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Fuentes oficiales al tanto de la situación señalaron que la posibilidad se está evaluando, aunque aún no se confirmó una nueva fecha. Este proceso, uno de los más complejos y de mayor envergadura bajo la gestión del presidente Javier Milei, busca la venta y transferencia del 90% de las acciones estatales, mientras que el 10% restante permanecerá en manos de los trabajadores mediante el programa de Propiedad Participada.

La Agencia de Transformación de Empresas Públicas tiene a su cargo la conducción de este proceso, con el cual el Ejecutivo espera recaudar cerca de 500 millones de dólares. Según la estrategia del ministro de Economía, Luis Caputo, la venta de activos estatales es un pilar fundamental para obtener divisas frescas.

Entre los interesados, la lista combina operadores locales e internacionales. El pliego exige experiencia comprobable en servicios públicos de agua y cloacas, lo que ha llevado a jugadores locales como el Grupo Roggio y Mauricio Filiberti a buscar alianzas con firmas extranjeras. Por su parte, el CEO de AySA, Alejo Maxit, ratificó el rumbo del nuevo contrato al asegurar en su cuenta de X:

“Desde 2024, AySA cubre sus costos operativos 100% con tarifas, sin subsidios del Tesoro. El nuevo contrato convierte eso en regla permanente: la concesionaria debe garantizar el equilibrio económico-financiero. No hay vuelta atrás”.

El contrato de concesión tendrá una vigencia de 30 años con opción a 10 adicionales, e incluye un plan de inversiones de 15.040 millones de dólares a lo largo de todo el período. El cumplimiento de las metas será supervisado por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y la Agencia de Planificación (APLA).

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