El Gobierno apeló ante la Corte Suprema para frenar la pensión de privilegio de Cristina Kirchner

El Gobierno nacional presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de frenar la restitución de la pensión de privilegio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en un nuevo capítulo de la disputa judicial por ese beneficio.

La apelación fue impulsada a través de la ANSES, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, y apunta a que el máximo tribunal revise el fallo que había ordenado restablecer la asignación vitalicia que percibía la exmandataria como viuda del expresidente Néstor Kirchner.

El conflicto se remonta a fines de 2024, cuando el organismo previsional dispuso dar de baja tanto la jubilación presidencial como la pensión por viudez de Kirchner, luego de que quedara firme su condena en la causa Vialidad.

Sin embargo, la Cámara Federal de la Seguridad Social hizo lugar a un planteo de la defensa de la exjefa de Estado y ordenó restituir provisoriamente el beneficio, al considerar que su suspensión podía generar un perjuicio de difícil reparación y al remarcar el carácter alimentario de la prestación.

Frente a esa decisión, el Ejecutivo avanzó con un recurso extraordinario para que intervenga la Corte Suprema, al sostener que el fallo judicial incurre en una interpretación errónea del marco legal vigente. Según la postura oficial, la asignación no constituye un derecho previsional contributivo sino un beneficio de carácter honorífico, cuya vigencia debería estar sujeta a condiciones de “honorabilidad” incompatibles con una condena penal firme.

En ese sentido, el Gobierno argumentó que la normativa vigente impediría el cobro de este tipo de asignaciones en casos donde exista una condena con inhabilitación para ejercer cargos públicos, punto central de la controversia que ahora deberá analizar el máximo tribunal.

La disputa judicial pone en discusión no solo la situación particular de la exmandataria, sino también el alcance y la naturaleza de las pensiones vitalicias otorgadas a ex presidentes y sus familiares. Mientras la Justicia entiende que se trata de un derecho con carácter alimentario, el Ejecutivo insiste en que se trata de una asignación especial, no contributiva y sujeta a condiciones específicas.

Con la apelación ya presentada, la definición queda ahora en manos de la Corte Suprema, que deberá resolver si confirma la restitución del beneficio o avala la decisión del Gobierno de mantener su suspensión. El fallo tendrá impacto no solo en este caso puntual, sino también en futuros criterios sobre este tipo de prestaciones.

Sobre el autor

El Eco de Tandil

Más de 143 años escribiendo la historia de Tandil