El Gobierno asignó a la Secretaría de Transporte el control de Uber, Cabify y otras aplicaciones
A través del Decreto 407/2026, el Poder Ejecutivo designó a la Secretaría de Transporte como autoridad de aplicación para los servicios de movilidad y reparto mediante plataformas digitales.
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El Gobierno nacional oficializó la designación de la Secretaría de Transporte como autoridad de aplicación del régimen que regula los servicios privados de movilidad y reparto prestados a través de plataformas tecnológicas. La medida fue formalizada mediante el Decreto 407/2026, publicado en el Boletín Oficial el 1 de junio de 2026.
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailLa normativa alcanza a diversas plataformas digitales dedicadas al transporte de pasajeros y al reparto de bienes, entre las que se encuentran Uber, Cabify, Didi, Rappi y PedidosYa, además de otras empresas que operan bajo esquemas tecnológicos similares.
De acuerdo con la reglamentación, la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, será la encargada de aplicar el régimen específico previsto para los prestadores independientes que desarrollan actividades mediante estas aplicaciones. Por su parte, la Secretaría de Trabajo mantendrá las competencias vinculadas con los convenios colectivos que puedan surgir dentro de la actividad.
En los fundamentos del decreto, el Gobierno sostuvo que la regulación de estos servicios debe quedar bajo la órbita de Transporte debido a que su naturaleza principal está asociada con la movilidad y la logística. Esta decisión se inscribe en el marco de la reforma laboral sancionada por el Congreso, la cual creó un régimen específico para los prestadores de servicios de plataformas y excluyó estos vínculos del ámbito de aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo.
Con esta medida, el Poder Ejecutivo ratificó el criterio de considerar a conductores y repartidores como trabajadores independientes alcanzados por una regulación particular, diferenciada del régimen laboral tradicional. Desde el Gobierno señalaron que el objetivo es otorgar mayor previsibilidad regulatoria a una actividad en expansión y adecuar su supervisión a organismos con competencias técnicas específicas.