El Gobierno nacional habilitó a nueve provincias a concesionar tramos de rutas nacionales emplazados en sus respectivos territorios mediante el sistema de obra pública por peaje. A pesar de esta delegación, el Estado nacional mantendrá la titularidad del dominio y la jurisdicción federal sobre los caminos involucrados.

La decisión quedó establecida a través del Decreto 253/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial. El documento lleva las firmas de Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Según el artículo primero de la normativa, las jurisdicciones alcanzadas son Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz.

El texto oficial aclara que la delegación tendrá un carácter “funcional, limitado, temporal y revocable”. En este sentido, se subraya que la medida no implica la cesión del dominio público ni la transferencia de la jurisdicción federal sobre los tramos viales, los cuales permanecerán bajo la exclusiva titularidad del Estado nacional.

Para hacer efectiva esta herramienta, las provincias deberán suscribir convenios específicos con la Dirección Nacional de Vialidad. En dichos acuerdos se deberán individualizar los tramos a concesionar, el plazo de la delegación, el régimen de supervisión y la obligación de mantener indemne al Estado nacional frente a posibles reclamos. Estos convenios requerirán la aprobación de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, y las concesiones resultantes no podrán superar los 30 años de duración.

En cuanto al financiamiento, el decreto establece que los fondos obtenidos por la explotación de los peajes no podrán ser afectados a la construcción o conservación de otros tramos ajenos a la concesión otorgada. Asimismo, se determinó que si las provincias no convocan a la licitación dentro del plazo de un año desde la aprobación del convenio, la delegación quedará sin efecto de manera automática.

Finalmente, la normativa invita a las jurisdicciones que no fueron incluidas originalmente a solicitar su incorporación ante el Ministerio del Interior, con el objetivo de asumir la administración, reparación o mantenimiento de las rutas que atraviesan sus territorios en el marco del fortalecimiento del régimen federal.

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