El Gobierno habilitó un descuento para el pago voluntario de multas de Defensa del Consumidor
A través del Decreto 377/2026, se modificó la reglamentación de la Ley de Defensa del Consumidor para permitir que las empresas sancionadas reduzcan a la mitad el monto de sus multas si aceptan la infracción y pagan en un plazo de diez días.
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El Gobierno nacional oficializó una importante modificación en la reglamentación de la Ley de Defensa del Consumidor, introduciendo un mecanismo de pago voluntario que permitirá a los proveedores sancionados acceder a una quita del 50 por ciento en el valor de sus multas.
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailLa medida, publicada este viernes en el Boletín Oficial a través del Decreto 377/2026, incorpora un nuevo inciso a la reglamentación de la Ley 24.240. De esta manera, los infractores podrán cancelar sus obligaciones con una bonificación de la mitad del total, siempre y cuando consientan la sanción y realicen el pago dentro de los diez días hábiles posteriores a la notificación oficial.
El texto oficial establece que “el infractor podrá cumplir con la sanción impuesta, consintiendo la misma y pagando 50 % de la suma fijada”. No obstante, el decreto aclara que “en ningún caso la reducción podrá dar como resultado un monto inferior al mínimo establecido” en el régimen de sanciones de la ley.
Límites al beneficio y objetivos de la medida
Sin embargo, el decreto establece con claridad que este beneficio quedará sin efecto de manera inmediata si la empresa infractora decide interponer el recurso directo previsto en el artículo 45 de la normativa, con el fin de cuestionar judicialmente la sanción aplicada en el ámbito administrativo.
En los fundamentos de la nueva normativa, las autoridades señalaron que el régimen sancionatorio vigente hasta el momento no contemplaba incentivos que facilitaran el pago anticipado de las multas. Esta situación contrastaba con otras normas de comercio interior y con diversos procedimientos aplicados por administraciones locales en el país.
Con esta reforma, el objetivo principal del Gobierno es “disminuir la litigiosidad administrativa y judicial”, reducir los costos operativos tanto para el Estado como para el sector privado, y avanzar hacia una “gestión pública ágil y eficaz” en la resolución de las actuaciones del sector.
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