El Gobierno nacional incorporó la ludopatía como política de salud pública

El Gobierno nacional oficializó una modificación en las competencias de los ministerios de Salud y Economía mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU). La medida establece que la cartera sanitaria asumirá la responsabilidad sobre las políticas de prevención, concientización, capacitación, investigación y abordaje integral de la ludopatía vinculada a los juegos de azar y apuestas.

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La normativa, que ajusta diversos incisos de la Ley de Ministerios N° 22.520, fue adoptada en acuerdo general de ministros y deberá ser sometida al análisis de la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, conforme al procedimiento estipulado por la Ley N° 26.122.

La ludopatía como problema sanitario

La decisión responde a la creciente preocupación por el impacto de esta problemática en la salud mental y la economía familiar. Según los considerandos del decreto, el Séptimo Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Estudiantes de Enseñanza Secundaria Argentina 2025, elaborado por el Observatorio Argentino de Drogas, reveló que más de una cuarta parte de los alumnos encuestados participó en apuestas con dinero durante el último año.

El texto oficial advierte que la prevalencia es "significativamente superior" en las modalidades desarrolladas mediante plataformas digitales. Ante este escenario, el Ejecutivo busca fortalecer las herramientas institucionales para desarrollar campañas de concientización y dispositivos asistenciales especializados.

La norma reconoce a la ludopatía como un trastorno caracterizado por la pérdida de control sobre la conducta de juego, con consecuencias negativas en el desempeño educativo, laboral y las relaciones sociales. Por ello, el artículo 2° del DNU modifica el inciso 47 del artículo 23 de la Ley de Ministerios, integrando formalmente la asistencia y rehabilitación de los afectados dentro de las funciones del Ministerio de Salud.

Redistribución de competencias

El decreto también reordena las facultades en materia de fiscalización sanitaria y regulación de alimentos. Mientras que el Ministerio de Salud conservará la intervención sobre productos medicinales y la determinación de sustancias prohibidas en cosmética e higiene, el Ministerio de Economía asumirá la fiscalización sanitaria de la producción agropecuaria, forestal y pesquera.

Esta última competencia abarca la normalización, registro y control de la calidad higiénico-sanitaria de alimentos, bebidas y aguas minerales, incluyendo todas las etapas de la cadena productiva. De esta manera, el Gobierno nacional busca separar con mayor precisión las tareas de rectoría sanitaria de las funciones de control y fiscalización comercial, apoyándose en el rol del Senasa como ejecutor de la política alimentaria.

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