El Gobierno tiene bajo la lupa a más de 20.000 pensiones por invalidez

El Gobierno nacional anunció este martes que mantendrá suspendidas 21.812 pensiones no contributivas por invalidez laboral y habilitará un plazo de 30 días hábiles para que sus titulares presenten documentación que permita revisar su situación.

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La decisión fue comunicada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, en medio del conflicto que atraviesa el sector de la discapacidad por las auditorías y la continuidad de las prestaciones.

Según explicó el funcionario, la Secretaría Nacional de Discapacidad resolvió dejar sin efecto los restablecimientos cautelares de esos beneficios porque no se registraron presentaciones ni antecedentes médicos o socioeconómicos suficientes para justificar su continuidad.

“Es importante aclarar que esta medida no implica determinar que los titulares no presenten una incapacidad laboral, sino que no se cuenta con la información necesaria para verificar que continúan cumpliendo con las condiciones exigidas por la normativa”, sostuvo Ravier.

De esta manera, el argumento oficial se centra en la falta de documentación para acreditar los requisitos, sin que ello constituya, por sí mismo, una determinación sobre la condición de salud de cada persona alcanzada.

Qué podrán presentar los titulares

El vocero indicó que las personas afectadas podrán aportar documentación médica y socioeconómica, justificar su ausencia en las auditorías o incorporar otros antecedentes que permitan evaluar la continuidad de la pensión.

Las presentaciones podrán realizarse mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD) y en las oficinas territoriales de la Secretaría Nacional de Discapacidad, de acuerdo con el procedimiento que establezca el organismo.

El plazo anunciado será de 30 días hábiles. La revisión de cada situación quedará vinculada a los elementos que aporten los titulares para acreditar el cumplimiento de las condiciones exigidas.

Los argumentos del Ejecutivo

Ravier señaló que las pensiones no contributivas por invalidez laboral están destinadas a personas que no pueden trabajar y carecen de medios de subsistencia. En ese sentido, explicó que su otorgamiento no depende únicamente de la existencia de una discapacidad ni de la tenencia del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

El Gobierno enmarcó la medida en una auditoría que, según sostuvo, detectó presuntas irregularidades médicas y patrimoniales. Sin embargo, el vocero reconoció que todavía no se realizaron presentaciones ante la Justicia sobre esos casos.

Entre los elementos mencionados por el Ejecutivo aparece la existencia de bienes registrados a nombre de beneficiarios. Esa circunstancia fue presentada como un indicio que requiere revisión, aunque no constituye por sí sola una prueba de fraude.

La administración nacional también cuestionó el incremento de las prestaciones durante la gestión de Alberto Fernández y lo atribuyó a motivaciones políticas. Esa acusación forma parte de los argumentos oficiales para defender las auditorías, mientras los titulares alcanzados deberán aportar los antecedentes requeridos para solicitar la revisión de sus suspensiones.

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El Eco de Tandil

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