El juez Lijo amplió el procesamiento de Diego Spagnuolo por corrupción en la Agencia de Discapacidad
La Justicia federal procesó a 24 personas tras detectar una segunda ruta de coimas y sobreprecios en la compra de insumos médicos que supera los 7.800 millones de pesos.
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El juez federal Ariel Lijo dictó un segundo procesamiento por corrupción contra Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y otros implicados en una red de contrataciones irregulares. La investigación, delegada en el fiscal Franco Picardi, determinó la existencia de un entramado delictivo que operó, al menos, desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025.
La causa judicial expone la compra direccionada de insumos ortopédicos con sobreprecios y el pago de sobornos. Según la resolución, los funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad facilitaron la adjudicación de contratos a allegados a cambio de retornos. Los hechos detectados en esta etapa involucran una erogación de 75,5 millones de pesos, mientras que la diferencia de precios bajo investigación en el expediente global supera los 7.833 millones de pesos.
El esquema ilícito, según el magistrado, era conducido desde el sector público por Diego Spagnuolo y Daniel María Garbellini, mientras que en el ámbito privado la maniobra era coordinada por Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian. En total, más de 20 empresarios a través de más de 30 firmas habrían participado en la maniobra.
La resolución del juez Ariel Lijo alcanzó a 24 personas, resolviendo el procesamiento sin prisión preventiva de 19 individuos y ampliando el de otros cinco que ya estaban involucrados. Entre los procesados figuran Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich, considerados miembros de la asociación ilícita.
El caso se centra en el Programa Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad o enfermedades crónicas graves en situación de pobreza estructural. Los insumos afectados incluyen prótesis de alta gama, implantes cocleares y sillas de ruedas motorizadas. La Justicia atribuyó a los imputados los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación por administración fraudulenta agravada y, en algunos casos, lavado de activos.
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