El Senado aprobó la ley de discapacidad que mantiene los beneficios de la emergencia
El Senado convirtió por unanimidad en ley el proyecto de Discapacidad, que replica prácticamente todo el esquema de beneficios establecido en la ley que vence en diciembre, y que había sido rechazado el año pasado por el Gobierno.
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A un año de haber rechazado la ley de emergencia en Discapacidad, el oficialismo accedió a mantener los beneficios de la ley de emergencia que había vetado el año pasado, y luego del respaldo del papa León XIV a los reclamos de los colectivos de discapacidad.
La iniciativa fue aprobada por los 71 legisladores que estaban presentes.
La sesión que se inició pasadas las 11, incluye el tratamiento de los proyectos de adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, Propiedad Privada para restablecer la Ley de Tierras, Ley Joaquín, entre otros temas.
Previo a la discusión del dictamen sobre discapacidad, se dio ingreso formal a una serie de pliegos para ocupar cargos en la justicia, y se votó el ascenso al grado inmediato superior al general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, quien es titular de la Casa Militar.
El pliego se aprobó por 59 votos afirmativos, 3 votos negativos y 1 abstención que y tiene vigencia desde fines del 31 de diciembre del 2025.
También, se votaron diversas mociones para trato preferencial a un conjunto de proyectos en la última sesión que se celebrará el 26 de noviembre, entre los que figura una prórroga del Estatuto del Periodista.
Discapacidad
Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el libertario Agustín Monteverde, defendió la decisión del oficialismo de buscar una ley permanente en lugar de prorrogar la emergencia por otro año más, como querían organizaciones de discapacidad.
El proyecto, denominado “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, replica prácticamente todo el esquema de beneficios establecido en la Ley 27.793, pero elimina su carácter de emergencia y transitoriedad.
De esta manera, busca convertir sus disposiciones en una norma permanente y de orden público, con efectos que trascienden a los gobiernos de turno.
Entre sus principales puntos, permite mantener la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70 por ciento del haber jubilatorio mínimo, y el desempeño de un empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles.
El beneficio alcanza a los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Además, conserva el principio de nomenclador único, ratifica la actualización automática y periódica de los aranceles de las prestaciones. NA
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