Investigan al ministro de Salud y al titular del PAMI por el incumplimiento de fallos sobre discapacidad

La Justicia Federal de Córdoba ordenó investigar al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y al titular del PAMI, Esteban Leguizamo, por el presunto incumplimiento de las resoluciones judiciales que dispusieron regularizar los pagos a prestadores de servicios destinados a personas con discapacidad. La medida se enmarca en un contexto de creciente tensión por los ajustes presupuestarios previstos para el año 2027.

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El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja remitió las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para determinar si la conducta de los funcionarios constituye un delito. La investigación quedó bajo la órbita del fiscal federal Carlos Casas Nóblega, quien deberá analizar si existió desobediencia a una orden judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Desde el Ministerio de Salud, fuentes oficiales indicaron que el planteo sobre el supuesto incumplimiento ya había sido abordado por el magistrado, quien rechazó la apelación presentada. Asimismo, adelantaron que el Estado interpondrá un recurso de queja ante la Cámara Federal para que sea dicha instancia la que revise la cuestión.

“Comprendemos que no existe incumplimiento del fallo y que tampoco se han presentado elementos concretos que acrediten que el Ministerio haya incumplido una obligación”.

El conflicto tiene su origen en un amparo colectivo presentado por personas con discapacidad, familiares e instituciones que denunciaron demoras críticas en los pagos de Incluir Salud y el PAMI. En mayo, Vaca Narvaja dictó una medida cautelar exigiendo la normalización de los pagos en un plazo de 72 horas, advirtiendo que la situación comprometía la continuidad de tratamientos esenciales.

A pesar de que el Gobierno nacional apeló la resolución, el juez sostuvo que la medida debía cumplirse mientras la Cámara Federal analizaba el planteo. En junio, el magistrado reiteró la orden al considerar que el Estado no había demostrado la regularización de los pagos para todo el universo de prestadores afectados, entre los que se encuentran instituciones como Apadim, el Pequeño Cottolengo Don Orione y la Asociación Civil Alegría, quienes reportaron dificultades para afrontar salarios y costos operativos básicos.

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