La familia de Maldonado apelará un fallo judicial
La familia de Santiago Maldonado, junto a un grupo de organizaciones de Derechos Humanos, presentarán hoy, ante la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, un recurso de apelación al fallo del juez federal Gustavo Lleral con el que se cerró la causa por la “desaparición y muerte” del artesano ocurrida el 1 de agosto de 2017 en el territorio ocupado de Cushamen, Chubut.
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailA la acción judicial de los Maldonado se sumarán la Comisión Provincial por la Memoria, la Asociación de Ex Detenidos de Desaparecidos, el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, quienes argumentarán ante la Cámara de Apelación, que la investigación realizada primero por el juez federal desplazado Guido Otranto, y luego por el juez Lleral, careció de un cuerpo de investigadores independientes, y que no se tomaron en cuenta las circunstancias en las cuales el joven decidió meterse al río Chubut donde pereció ahogado.
Por otra parte, los Maldonado insisten en que no están convencidos de los resultados obtenidos de la autopsia en la que se concluyó que el tatuador falleció poco después de caer en una zona profunda del río, con una temperatura de alrededor de cuatro grados.
La familia ha dejado entender en varias ocasiones que en su visión el joven fue “plantado” en el río y que existían señales de que el cuerpo había sido “criogenizado”.
Altas fuentes judiciales explicaron a Télam que consideran poco probable que el recurso prospere en la Justicia, puesto que el fallo de 300 páginas del juez Lleral es “minucioso y contundente”.
“Además está el antecedente de la Cámara Federal de Apelación y de la Cámara de Casación Penal que dieron por válidas las escuchas ordenadas por el juez Otranto, mostrando ya un criterio sobre el contenido del fallo y la investigación”, señaló esta fuente.
La Justicia tendrá diez días para evaluar si la solicitud es revocada o se dispone su reapertura para una nueva investigación.
El juez Otrando ordenó en agosto de 2017 grabar las conversaciones de los allegados de Maldonado para obtener pistas de su paradero, entonces desconocido.
Las grabaciones revelaron, de acuerdo a las conclusiones de la fiscal federal Silvina Avila, que miembros de la comunidad mapuche y militantes K ayudaron a armar testimonios falsos.
Por estos hechos el Gobierno impulsó una serie de querellas por falso testimonio y asociación ilícita. NA
