La Hidrovía Paraguay-Paraná inicia una nueva etapa tras la adjudicación de su concesión

La definición sobre el futuro de la Hidrovía Paraguay-Paraná, uno de los activos estratégicos más importantes para la economía argentina, finalmente quedó resuelta. El Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), adjudicó la concesión de la Vía Navegable Troncal al consorcio conformado por la empresa belga Jan de Nul y la firma argentina Servimagnus.

La medida pone punto final a un proceso licitatorio que se extendió durante más de un año y que estuvo atravesado por debates técnicos, reclamos empresariales e impugnaciones administrativas. La resolución oficial aprobó la tercera etapa de la Licitación Pública Nacional e Internacional N.º 1/2025 y determinó que la propuesta presentada por la unión de ambas compañías resultó la seleccionada para llevar adelante las tareas previstas.

La concesión contempla la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización, además de las tareas de dragado y redragado de la Vía Navegable Troncal, que se extiende desde la Confluencia del río Paraná hasta la zona de aguas profundas del Río de la Plata. Se trata del principal corredor logístico del país, por donde se transporta aproximadamente el 80% de las exportaciones argentinas y que conecta a unas 60 terminales portuarias distribuidas a lo largo de su recorrido.

La relevancia económica de la hidrovía explica la complejidad y el alcance del proceso licitatorio. Durante su desarrollo, el Gobierno impulsó mesas de diálogo con provincias, cámaras empresarias, sindicatos, universidades y organismos internacionales. Entre ellos participó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que aportó recomendaciones técnicas orientadas a fortalecer la transparencia y la competitividad del procedimiento.

Además, se realizaron audiencias públicas, instancias de consulta y etapas de observación de los pliegos. De acuerdo con la documentación oficial, se respondieron más de 200 consultas formuladas por los interesados y se emitieron diversas circulares aclaratorias para perfeccionar el proceso.

Sin embargo, la licitación también estuvo marcada por controversias. La empresa DEME presentó recursos administrativos e impugnaciones cuestionando aspectos de la evaluación técnica y los criterios utilizados para valorar antecedentes. Tanto la ANPyN como el Ministerio de Economía rechazaron esos planteos.

Posteriormente, la Procuración del Tesoro de la Nación intervino en el expediente y respaldó el accionar del organismo licitante. Entre los argumentos expuestos, sostuvo que los oferentes habían aceptado las condiciones establecidas en los pliegos al presentar sus propuestas, por lo que no correspondía objetarlas una vez avanzado el proceso de evaluación.

La adjudicación se concretó además luego de una fuerte presión del sector agroexportador. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) habían solicitado al ministro de Economía, Luis Caputo, y al titular de la ANPyN, Iñaki Arreseygor, que aceleraran la definición para dejar atrás el esquema transitorio vigente.

Las entidades consideraban que la demora generaba incertidumbre regulatoria y afectaba la previsibilidad necesaria para impulsar inversiones vinculadas a la logística exportadora. En ese marco, calificaron la resolución definitiva de la licitación como una cuestión “prioritaria” para el funcionamiento del sistema.

Junto con el respaldo a la adjudicación, los exportadores reiteraron un histórico reclamo relacionado con el tratamiento impositivo del IVA aplicado a los servicios de dragado y balizamiento. Según sostienen, la actual estructura tributaria incrementa los costos operativos y repercute directamente en las tarifas que deben afrontar los usuarios de la vía navegable.

Con la formalización de la concesión, el Gobierno apuesta a dotar de mayor previsibilidad a una infraestructura considerada esencial para la competitividad del país y para el ingreso de divisas provenientes del complejo agroexportador. La decisión marca así el comienzo de una nueva etapa para la Hidrovía Paraguay-Paraná, una pieza clave en el sistema logístico y productivo de la Argentina.

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