La Justicia ordenó a Fate pagar $1.200 millones en salarios adeudados a 200 trabajadores

La Justicia laboral ordenó a Fate pagar alrededor de 1.200 millones de pesos a 200 trabajadores de su planta ubicada en San Fernando, en concepto de salarios adeudados correspondientes al período comprendido entre marzo y junio de este año. La empresa deberá concretar la transferencia de los fondos antes del viernes 23 de octubre, según lo dispuesto por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 17.

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La resolución constituye un nuevo avance judicial para los empleados que mantienen un prolongado conflicto con la compañía, luego del cierre de la fábrica anunciado el pasado 18 de febrero. Desde entonces, un grupo de trabajadores sostiene un acampe en las instalaciones para reclamar por sus puestos laborales y el cumplimiento de las obligaciones salariales.

El fallo se suma a otras decisiones judiciales que ya habían obligado a la empresa a afrontar importantes sumas de dinero, en medio de una disputa que involucra despidos, retiros voluntarios, embargos y cuestionamientos sobre el procedimiento utilizado para cerrar el establecimiento.

Un conflicto que comenzó con el cierre de la fábrica

La crisis laboral se desencadenó el 18 de febrero, cuando Fate, perteneciente a la familia Madanes Quintanilla, también propietaria de Aluar, anunció el cierre de su establecimiento industrial de San Fernando.

La compañía justificó la decisión en una situación de crisis económica, mientras que los trabajadores denunciaron la pérdida de sus fuentes de ingresos y comenzaron una serie de medidas de protesta que se mantienen hasta la actualidad.

El cierre afectó inicialmente a unos 920 empleados, aunque posteriormente una parte de ellos alcanzó acuerdos de desvinculación con la empresa. Según la posición de Fate, actualmente quedan 243 trabajadores que no llegaron a un arreglo.

En ese contexto, los empleados que continuaron con el reclamo sostuvieron un acampe dentro de las instalaciones, mientras el conflicto avanzaba por diferentes instancias judiciales.

Durante abril, la Justicia ya había dispuesto el pago de aproximadamente 500 millones de pesos por tres quincenas adeudadas entre febrero y marzo. A esa resolución se sumó un embargo cercano a los 3.000 millones de pesos, vinculado con el presunto incumplimiento de la conciliación obligatoria y las obligaciones salariales.

De ese monto, unos 2.600 millones correspondían al reclamo principal y otros 300 millones a las costas judiciales.

El reclamo por los salarios y los retiros voluntarios

La nueva resolución judicial comprende exclusivamente a los trabajadores incluidos en la presentación por los haberes devengados entre marzo y junio. Sin embargo, el conflicto podría extenderse a otros empleados y períodos salariales.

El sindicato pretende incorporar al reclamo a quienes firmaron acuerdos de retiro voluntario, bajo el argumento de que esas desvinculaciones se concretaron en un contexto de fuerte presión económica, con la planta cerrada y sin posibilidades de continuar trabajando normalmente.

Desde la representación gremial sostienen que los acuerdos fueron alcanzados bajo una situación de "extorsión económica", por lo que buscan cuestionar su validez.

Además, los trabajadores reclaman el reconocimiento de los salarios correspondientes a los meses posteriores a junio y plantean la posibilidad de desconocer los despidos, al considerar que la empresa habría incumplido las exigencias del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC).

Por su parte, Fate sostiene que el embargo judicial no resulta procedente y argumenta que la cantidad de empleados que permanecen sin acuerdo es considerablemente menor a la involucrada originalmente en el conflicto.

Hasta el momento, la compañía no realizó comentarios públicos sobre la última resolución judicial.

Las órdenes de desalojo y la continuidad del acampe

El conflicto también tuvo repercusiones en la Justicia provincial, debido a la permanencia de trabajadores dentro del establecimiento industrial.

Durante los últimos meses se dictaron dos medidas de desalojo. La más reciente fue adoptada el 17 de septiembre por la Cámara de Apelaciones de San Isidro, aunque posteriormente fue revertida por un tribunal de garantías mientras continúa la discusión judicial de fondo.

De esta manera, el acampe en San Fernando se convirtió en uno de los principales símbolos del reclamo por la continuidad laboral, en un escenario atravesado por la incertidumbre sobre el futuro de la fábrica.

La disputa también derivó en actuaciones penales vinculadas con la ocupación del establecimiento, lo que profundizó la confrontación entre la compañía y los trabajadores.

Una semana clave para los trabajadores

La decisión del Juzgado Nacional del Trabajo N° 17 establece ahora un plazo concreto para el cumplimiento de una parte de las obligaciones salariales reclamadas.

Los aproximadamente 1.200 millones de pesos deberán ser transferidos antes del viernes 23 de octubre, una fecha que se presenta como un nuevo punto de inflexión en el conflicto.

No obstante, el pago de estos haberes no implica una solución definitiva a la disputa. Todavía permanecen abiertos los reclamos por salarios posteriores a junio, la situación de los empleados desvinculados y los cuestionamientos sobre la legalidad de los despidos.

Mientras tanto, los trabajadores continúan reclamando una respuesta sobre su futuro laboral, después de ocho meses de conflicto y de sucesivas intervenciones judiciales que, hasta ahora, no lograron resolver de manera integral la situación de la histórica fabricante de neumáticos.

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El Eco de Tandil

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