Nueva ley: Jorge Macri endurece las penas contra trapitos y habilita detenciones
La Legislatura porteña aprobó una reforma al Código Contravencional que establece penas de cárcel y multas elevadas para quienes ejerzan la actividad de cuidacoches y limpiavidrios de forma ilegal.
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Con el impulso del jefe de Gobierno, Jorge Macri, la Legislatura porteña aprobó una reforma del Código Contravencional para endurecer las sanciones contra cuidacoches y limpiavidrios. La normativa, denominada Ley 6961, habilita detenciones con penas que oscilan entre los 10 días y los 2 meses de cárcel, además de un incremento significativo en las multas y nuevas sanciones para organizaciones vinculadas a estas prácticas.
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailTras la sanción, el jefe de Gobierno celebró la medida a través de sus redes sociales:
“Si sos trapito, te meto preso. Aprobamos una ley para meter presos a estos delincuentes que se creen dueños de la calle y viven de extorsionar a la gente de bien. Ley y orden”.
El mandatario porteño sostuvo que la nueva norma implica tolerancia cero ante un fenómeno que, según el diagnóstico oficial, dejó de ser un ofrecimiento informal para convertirse en una práctica de presión e intimidación. Entre mayo de 2025 y mayo de 2026 se registraron 13.149 contravenciones vinculadas a esta actividad.
Detalles de las sanciones
El nuevo régimen establece penas diferenciadas según el contexto. Para quienes cuiden coches de manera ilegal en cualquier calle, la detención será de 10 a 30 días. En eventos masivos, donde se demuestre organización previa, la pena será de 20 a 50 días, mientras que los organizadores o jefes podrán recibir hasta 60 días de cárcel. Asimismo, las multas económicas partirán desde los $1.139.988.
La ley también estipula que, en caso de violencia, acoso o aprovechamiento de la vulnerabilidad del conductor, las penas se duplicarán. Por otro lado, si se comprueba la participación de clubes o instituciones en la actividad ilegal, las multas podrán alcanzar los 20 millones de pesos y las clausuras preventivas se extenderán hasta los 90 días.
Finalmente, el texto legal establece que el juez interviniente deberá informar a los infractores sobre la oferta de programas de asistencia a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. No obstante, quienes lideren estas actividades podrán ser excluidos de dichos programas estatales por dos años.