Oficializaron un régimen de retiro voluntario en Parques Nacionales para reducir su estructura

El Gobierno nacional dispuso este martes la apertura de un programa de retiros voluntarios destinado de forma exclusiva al personal de la Administración de Parques Nacionales (APN). La medida se inscribe en la política de ajuste del Ejecutivo y ha despertado alertas inmediatas por el impacto que podría tener en las áreas técnicas del organismo.

La convocatoria está dirigida a todos aquellos agentes públicos que gocen del régimen de estabilidad laboral contemplado en el artículo 8° de la Ley N° 25.164, conocida como la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional. La Resolución 191/2026, publicada en el Boletín Oficial, se acopla a las directrices fijadas por el Ejecutivo nacional con el objetivo de centralizar, agilizar y achicar la dimensión del aparato administrativo del Estado.

A pesar de los argumentos oficiales, la medida genera una fuerte preocupación por el posible desmantelamiento de la estructura técnica y administrativa que sostiene el funcionamiento de las áreas protegidas en todo el país. El plan está orientado al personal con una antigüedad mínima de dos años. Según el texto oficial, la iniciativa responde a la necesidad de "optimizar la dotación del Organismo" y se inscribe en un proceso de transformación que busca alcanzar una gestión "ágil, eficaz y de calidad".

El punto más polémico de la normativa radica en el carácter irreversible de la medida sobre la estructura del organismo. Al respecto, el anexo de la resolución sostiene: "Los puestos y funciones correspondientes al personal que adhiera al presente Sistema de Retiro Voluntario quedarán suprimidos a partir de la fecha de su baja, no pudiendo ser nuevamente cubiertos, bajo ninguna modalidad de contratación o designación".

Hasta el momento, la norma no explicita qué ocurrirá con áreas críticas como las técnicas, administrativas, logísticas, de mantenimiento, comunicaciones, compras, gestión territorial o apoyo operativo cuyos cargos desaparezcan definitivamente tras la baja del personal.

La normativa establece incentivos económicos que varían según la edad del agente. Para aquellos de hasta 60 años, la gratificación será del 90 por ciento de la remuneración bruta por cada año de antigüedad, mientras que para los mayores de 61 años el beneficio bajará al 85 por ciento. 

Finalmente, el sistema impone una Prohibición de Reingreso por el término de cinco años a cualquier ámbito del Sector Público Nacional, blindando la posibilidad de que el personal capacitado regrese a sus funciones en el corto plazo.

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