Prioridades: jubilados y personas con discapacidad no entran en el país y la ciudad de La Libertad Avanza
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailPor Rogelio Iparraguirre
El último miércoles, el Senado de la Nación sancionó un conjunto de leyes fundamentales para millones de argentinos: la actualización a $110.000 del bono para jubilados que cobran la mínima y que ahora se ajustará mensualmente por inflación; el incremento del 7,2% en todos los haberes jubilatorios; la prórroga de la moratoria previsional que permite acceder a una jubilación a quienes no pudieron completar los aportes; y la declaración de la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional, que actualiza las pensiones no contributivas. La bajeza y falta de compromiso con la realidad de los argentinos por parte de La Libertad Avanza y sus aliados dio lugar a una nueva demostración de los verdaderos intereses del programa económico y social del presidente Milei.
No tuvo que pasar mucho tiempo para que el presidente de la Nación anunciara el veto a la sanción de esta ley, que durante su discusión en el recinto permitió observar, una vez más, el desprecio por el conjunto de leyes aprobadas, y todo lo que haga falta para que jubilados y personas con discapacidad no reciban ni un peso más del que ya reciben. Lo hizo con orgullo, casi como una provocación, reafirmando que su plan de gobierno no contempla a quienes más necesitan de estas leyes. Vetar una mejora en los haberes jubilatorios, una moratoria que amplía derechos o el reconocimiento de la emergencia en discapacidad no es una decisión técnica: es una decisión política.
¿Por qué es una decisión política? Porque, por ejemplo, la fórmula utilizada para el aumento de las jubilaciones representa el 0,5% del Producto Bruto Interno; el mismo porcentaje que significó la quita del impuesto a los Bienes Personales, que afecta a una porción mínima de los argentinos y que, seguramente, no lo necesitan tanto como nuestros jubilados y personas con discapacidad. Por eso es una decisión política: porque todo el tiempo se está eligiendo sobre quién recae el ajuste, y siempre son los mismos.
En Tandil son más de 25.000 los jubilados que cobran los haberes mínimos y, por lo tanto, podrían recibir el aumento en el bono y en sus ingresos; y son casi 2.000 las personas con discapacidad que podrían tener una mejora en sus pensiones no contributivas. Pero no. Javier Milei y toda La Libertad Avanza creen que no es necesario, que no es prioridad, aunque en Tandil sobran las pruebas para asegurar lo contrario.
Solo hace falta acercarse a ANSES, a PAMI, u observar lo que pasó hace unos días cuando las personas con discapacidad de nuestra ciudad recibieron una carta documento en la que se les exigía que se presentaran en una dirección para validar su condición de persona con discapacidad y así no perder la pensión no contributiva. Se ve que el titular de ANSES en Tandil y todos los funcionarios de La Libertad Avanza están muy ocupados con la campaña que arrancaron hace ya unos cuantos meses, porque no dijeron nada, no brindaron explicaciones y, mucho menos, acercaron esta situación a sus jefes políticos. Una lástima, tan preocupados que se los ve en las redes sociales. Es más: tampoco se enteraron que sus ex socio político local —es decir, el gobierno municipal— tuvo que armar un operativo a las apuradas, y lo hizo recién después de que les informáramos sobre lo que les estaba pasando a las personas con discapacidad, para poder asesorarlas tras recibir las cartas documento. Mucha acción tandilense para las redes sociales y poca acción tandilense para los vecinos que la están pasando mal.