Recientemente fue anunciado el proyecto Stargate, impulsado por OpenAI y Sur Energy, que busca instalar en la Patagonia un megacentro de datos con una inversión estimada de 25.000 millones de dólares bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Stargate proyecta una demanda de hasta 500 MW (Megavatios) de consumo máximo asegurado (por ejemplo, Córdoba capital se mueve en un rango entre 500 y 700 MW, Rosario entre 600 y 640 MW y Mendoza capital entre 400 y 600 MW). Para sostener los clusters de High-Performance Computing (HPC), donde se alojarán miles de unidades de procesamiento gráfico (GPU) de última generación se requiere un uso intensivo de recursos hídricos para su enfriamiento. La Patagonia corre el riesgo de ser vista como una reserva de recursos estratégicos a bajo costo para la infraestructura global. Sin una auditoría ambiental y energética integral que demuestre que esta demanda se cubrirá con nueva generación de base y que no tensionará el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), el país podría terminar subsidiando la rentabilidad de la empresa extranjera con su propia energía.

El RIGI no fue diseñado para fomentar el desarrollo tecnológico local, sino para asegurar la inversión de grandes capitales con un impacto mínimo en la matriz productiva nacional. Se otorgan a las empresas beneficios extraordinarios, como la estabilidad normativa por treinta años —blindando el marco tributario, aduanero y cambiario con tasas fijas o reducidas, incluso a 0% en Impuestos a las Ganancias y aranceles de importación— y la libre disponibilidad de divisas. Esto se da sin las restricciones de liquidación y repatriación de capitales que rigen para el resto de la economía. Pero a cambio, las exigencias son mínimas: apenas un 20% de participación de proveedores locales, sin obligaciones robustas de transferencia tecnológica obligatoria ni garantías de generación de empleo calificado a gran escala. En la práctica, el RIGI permite que se invierta con subsidios implícitos (energía, estabilidad), se opere con recursos nacionales y el flujo de la riqueza generada, así como la propiedad intelectual sobre los modelos fundacionales, se transfiera libremente al exterior.

Avanzar con un proyecto de esta magnitud sin una planificación integral que garantice el beneficio del país es un ejemplo claro de esa desconexión: se prioriza la inversión externa inmediata por sobre la construcción de una soberanía tecnológica a largo plazo. Esta dependencia refuerza la fragilidad del ecosistema tecnológico argentino, alejándonos del objetivo de que el conocimiento generado en el país sirva para fortalecer la industria nacional y mejorar la vida de los argentinos.

En este contexto, resulta imperioso repensar el rumbo de la economía del conocimiento en la Argentina. No se trata de rechazar la inversión extranjera, sino de impulsar un modelo inclusivo y federal que involucre de manera real y equitativa a todos los sectores. Fortalecer la soberanía tecnológica exige políticas públicas sostenidas, orientadas a la investigación aplicada, la formación de profesionales y la producción de tecnología con sello argentino. Solo así la IA y las nuevas tecnologías podrán dejar atrás la dependencia y convertirse en motores de la innovación nacional, capaces de potenciar el trabajo argentino al servicio de un proyecto de país justo, innovador y soberano.