Abogado acorralado por causas penales, acusado de defraudación y estafas en la adquisición de lotes
En las últimas horas se conoció que el letrado tandilense sospechado de participar de maniobras fraudulentas con adquisición y venta de lotes en la ciudad quedó procesado en una causa sustanciada en Capital Federal, donde el fiscal interviniente elevó a juicio el caso. Asimismo, fue citado a indagatoria por el Juzgado Federal de Azul, por otro expediente de similares características, tras ser sindicado como parte de una organización vinculada a la estafa con terrenos.
:format(webp):quality(40)/https://cdn.eleco.com.ar/media/2021/02/6dd99c5f-allanamientos.jpg)
A principios de noviembre de 2017, la Policía Federal sorprendía con una serie de allanamientos dispuestos por la Justicia en torno a la investigación de denuncias por estafas con la venta de lotes en la ciudad. Las sospechas apuntaron a tandilenses, entre ellos un abogado, sindicados de integrar una banda precisamente organizada para perpetrar las estafas. Pasaron los años, y la pesquisa en silencio siguió avanzando hasta estos días. De hecho, desde el juzgado Federal de Azul, se citó a los involucrados a indagatoria.
Recibí las noticias en tu email
Accedé a las últimas noticias desde tu emailPero no todo se detuvo allí. Más bien antes que la citada causa, había otro expediente tramitando en Capital Federal, donde también una fiscalía concluyó una instrucción penal en el que el mismo abogado está acusado de un delito de similar tenor. Más precisamente se lo sindica por fraguar documentación con la firma de un muerto para quedarse con terrenos en Tandil, más precisamente en la zona de avenida Lunghi, entre Dante Alighieri y Almafuerte.
Dicho expediente ya fue elevado a juicio por el delito de “uso de documento destinado a acreditar la identidad de las personas falso, reiterado en cinco (5) oportunidades que concurren de modo real entre sí, en concurso ideal con los delitos de falsedad ideológica y estafa, reiterado en cuatro (4) oportunidades que concurren de modo real entre sí, a título de coautor”. El acusado, el abogado tandilenses Sebastián Eduardo Romay.
La acusación
Según tuvo acceso este Diario, desde la fiscalía federal porteña se imputa que el día 25 de abril de 2013, Romay y una persona que no logró ser identificada, usurparon la identidad de Agustín Materazzi -fallecido el 18 de diciembre de 1997- mediante el uso de un DNI falso y de esa forma, otorgaron de modo fraudulento un poder especial irrevocable de Materazzi (el muerto) en favor de vecinos que adquirieron dichos terrenos, operaciones que fueron plasmadas en escrituras públicas por ante el escribano público Marcos Mayo, quien a la postre, en la instrucción penal testificaría y comprometería al letrado tandilense.
Se trató de la escritura traslativa de domino de diez fracciones de terreno ubicadas en la ciudad en la manzana citada.
En la imputación, el acusador describe las maniobras fraudulentas que permitieron la estafa señalada.
El descargo
El 27 de marzo de 2018, Romay prestó declaración en la causa y en su descargo manifestó que “se presentó en el 2012 en mi estudio en Tandil una persona que refirió llamarse Pedro Eliseo Díaz, quien manifestó vivir en Capital Federal. El nombrado me contactó a través de un conocido que yo no pude determinar quién era, yo trabajé muchos años en Capital Federal y puede ser alguien con quien trabajé. El motivo de la consulta de Díaz era que había adquirido en la ciudad de
Tandil la cantidad de 10 lotes y quería que le gestionara el trámite de la deuda inmobiliaria que tenía cada lote, le dije que me diera un tiempo, él manifestó que en dos o tres semanas volvía a Tandil. Cuando regresó yo le tenía el informe del estado de los inmuebles, era una deuda bastante abultada entre 30.000 o 40.000 pesos por lote, que dado el valor de los lotes era una deuda importante”.
“Esta persona –siguió relatando- me manifestó la intención de venderlos. Él los había comprado por boleto, no tenía perfeccionado el dominio, pero indicó tener relación con el titular de los lotes, le manifesté que a mí me podía interesar comprar dos lotes, yo vivía con mi mujer en un departamento y había nacido mi primer hijo y recién empezaba el asunto de los créditos Procrear y uno de los requisitos era tener un lote propio. Le pregunté cuánto pedía por los lotes y me dijo que 300.000 pesos por lote, en ese momento era un precio razonable para la zona. Después de negociar llegamos a la suma de 200.000 pesos y acordamos que yo me hacía cargo de los impuestos y del pago de la escritura. El me indicó que el trámite en la escribanía tenía que ser en Capital Federal porque el dueño de los lotes era una persona mayor que vivía en capital y yo accedí con la condición de poner la escribanía, a raíz de eso me comuniqué con la escribanía de Marcos Mayo, con la cual los siete años que ejercí la profesión en Capital tuve relación (…)”.
Romay reseñó que “le trasmití al escribano todo el asunto y le pedí su opinión respecto de qué hacer, como ya había hecho con anterioridad en varias situaciones en las que le mandé clientes. El escribano me recomendó hacer el poder especial irrevocable, y yo le pedí que me remitiera los costos del poder y de la escritura del lote, me pasó un precio, yo estuve de acuerdo, Pedro Eliseo Díaz hizo el poder en Buenos Aires con Mayo y después me avisaron cuando estaba listo, yo después cerré la operación con Díaz previo boleto, luego el escribano preparo la escritura del lote 12, porque no tenía dinero para pagar los impuestos y la escritura del otro lote. Confeccionó la escritura, lo citó a Díaz a firmar, firmó y cuando ya estaba todo firmado a los dos o tres días viajé yo a firmar por el lote 12. Un año después escrituré el lote 13 a nombre de Vulcano que es mi suegro, porque no podía tener dos lotes a mi nombre por el crédito Procrear”.
Continuó contando que “Pedro Eliseo Díaz me pidió una inmobiliaria para vender los demás lotes y yo lo derivé a la inmobiliaria de Juan Pagliaro, después no sé qué hizo”.
“A los tres años de todo esto –recordó-, cuando yo ya había empezado a edificar me contacta el escribano, me informa que lo llamaron de una escribanía de Mar del
Plata, que la escritura estaba mal hecha porque había una sustitución de persona, yo le pregunté cómo podía ser que no hubiera controlado esa situación que yo lo había contratado confiando en que él iba a chequear toda la situación ya que yo le pagaba por ese servicio y tuvimos un intercambio de palabras”.
“Después de eso no hablamos más y a los cinco meses de la llamada del escribano me llama la doctora Peirano, que es una abogada que trabaja en Mar del Plata pero lleva casos de Tandil y me cita en el estudio del doctor Bertucci, ahí me manifiesta que era la abogada de un heredero de Materazzi, yo le manifesté que desconocía la situación y le conté lo que estoy relatando”, añadió.
El abogado acusado amplió sobre la situación indicando que “ella –la abogada- me manifestó que no le importaba y que yo tenía que arreglar económicamente con Materazzi el asunto de todos los lotes y yo le contesté que de ninguna manera y me retiré de la reunión, ella indicó que me daba 48 horas para darle una solución y yo le vuelvo a contestar que le podía dar una solución respecto de los lotes que yo había adquirido. A los dos días me vuelve a llamar y me pregunta si tengo alguna solución y le vuelvo a plantear mi posición, le explico que si hay un error del escribano, el escribano tendría que tener seguro para cubrir esta situación, ella seguía insistiendo con la totalidad de los lotes, le reiteré que soy tercer adquirente de buena fe a título oneroso y le manifesté que podíamos llegar a un acuerdo por los dos lotes que compré si me podía acreditar esta situación y el hecho de que su cliente sea heredero de Materazzi, lo que no me pudo acreditar indicando que la documentación estaba extraviada, luego de ello me contesta que iba a formular la denuncia penal y yo le dije que le hiciera que yo no tenía nada que ocultar y recién ahora tomo conocimiento de la presente denuncia”.
A la vez, amplió señalando que “luego otro de los compradores tuvo un inconveniente y el martillero lo llevó a mi estudio para que yo les contara que a mí me estaba pasando lo mismo y les recomendé que mantengan la misma posición respecto de sus inmuebles, pero fue con los únicos compradores que tuve contacto”.
Aclaró que el “nunca tuvo contacto con los otros compradores ni participé en las otras operaciones. Quisiera que se cite a los demás compradores para que manifiesten si tuvieron contacto conmigo o no en estas operaciones, ya que en definitiva ellos hicieron la misma operación que hice yo respecto de los dos lotes que compro y yo en las otras operaciones no participé. Yo me siento estafado al igual que se vieron estafadas las demás personas que adquirieron estos lotes”.
También citado a indagatoria en Azul por nuevas denuncias
Cabe consignar que en noviembre de 2017, el mismo abogado y otros tandilenses fueron investigados por denuncias similares y en dichas circunstancias se realizaron allanamientos.
La causa se inició en la fiscalía federal local a partir de la denuncia que realizó un damnificado en relación a una transacción inmobiliaria que no habría llegado a concretarse ante la sospecha sobre una escritura falsa, pero que dio inicio a una pesquisa.
Según trascendió en aquellos días, se trataría de un grupo de personas que se dedicaría a la falsificación de escrituras e instrumentos públicos relativos a propiedades en Tandil en particular, y que operaría con una escribanía con asiento en Azul para completar el procedimiento.
En concreto, el despliegue de la fuerza federal se llevó a cabo en un estudio jurídico ubicado en Pinto 1089, donde funcionan las oficinas del abogado Romay, en una imprenta de Montevideo 180, en dos domicilios, en Roca 1529 y en Cabral al 2200, y en una escribanía en Roca 428 en la ciudad de Azul. En esas inspecciones se produjo el secuestro de documentación que, según trascendió por las fuentes consultadas, permitiría corroborar una de las hipótesis planteadas durante la investigación. No obstante, los elementos recolectados serán analizados para determinar la extensión de las acciones que llevaría adelante la banda.
El modus operandi puesto en marcha apuntaría a la falsificación de los instrumentos necesarios para otorgar las escrituras de traslación de dominio, tal cual se desprenden de la versión del damnificado que deberá verificarse para establecer los próximos pasos.
Al año siguiente, la pesquisa siguió su curso por presunto delito de falsificación de instrumentos públicos (artículo 292 del Código Penal de la Nación) y defraudación, por la cual quedaron tres imputados, el abogado Sebastián Romay, Juan José Stip y Nicolás Cabana.
Por esta causa, Romay fue citado a indagatoria el 25 de marzo a las 10, una hora más tarde hará lo propio Juan José Stip y al día siguiente, a la misma hora, tendrá que prestar declaración María Dolores Palacio. Dichas audiencias se realizarán de manera remota.
