Dictaron prisión preventiva a los cuatro policías de Seguridad Vial acusados de corrupción
A los cuatro efectivos policiales pertenecientes al área de Seguridad Vial, Javier Enrique Murray, Raúl Exequiel Ferreyra, Emiliano José Sparaino y José Luis Arrubia, se les dictaminó la prisión preventiva, tras los allanamientos realizados el pasado 10 de mayo en los destacamentos de Azul, Tandil, Las Flores y Monte, luego de una denuncia anónima que daba cuenta sobre distintos hechos de corrupción relacionados con pedidos y cobros de coimas en las rutas y a empresas de transportes.
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Con los dictados de esas medidas cautelares de primera instancia que todavía no están confirmadas, los imputados -que son un subcomisario, dos capitanes y un oficial subinspector de la Policía Bonaerense- continúan detenidos en la Unidad 30 de General Alvear.
Juan José Suárez, titular del Juzgado de Garantías 3, dispuso las prisiones preventivas para los funcionarios policiales, mencionando en el dictamen que publicó el diario El Tiempo de Azul que “es posible apreciar la ejecución de múltiples conductas de los cuatro imputados, las cuales son concurrentes y dirigidas a coordinar su actividad en la percepción de sumas de dinero de parte de las empresas transportistas, así como también el permanente tráfico de influencias recíproco, gestionando de manera usual la liberación de los transportistas detenidos en operativos viales ante cualquier otro encargado de Destacamento de la zona, para que dejen de cumplir con su obligación funcional de control de tránsito vehicular”.
Todo se desencadenó en el mencionado día del mes pasado, cuando se llevaron a cabo operativos de allanamientos en forma simultánea donde los efectivos de seguridad fueron arrestados. Esos procedimientos incluyeron que fueran allanadas las viviendas de los encausados y requisados sus vehículos particulares, secuestrándose durante esas diligencias diferentes elementos considerados de interés para esa causa que sigue instruyendo el fiscal Marcelo Fernández.
Con las nuevas pruebas colectadas y las que ya estaban incorporadas a ese sumario penal cuando se hicieron los allanamientos y las detenciones, semanas atrás el fiscal titular de la UFI 1 había solicitado esas prisiones preventivas que ahora en primera instancia les fueron dictadas a los policías.
Javier Enrique Murray, Raúl Exequiel Ferreyra, Emiliano José Sparaino -extitular Vial Tandil- y José Luis Arrubia son considerados, hasta el momento, en esta Instrucción Penal Preparatoria autores penalmente responsables de los delitos de asociación ilícita, en concurso ideal con cohecho pasivo, tráfico de influencias, omisión ilegítima de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas que concurren realmente.
Murray, de 48 años, fue detenido en el Destacamento de Seguridad Vial de Las Flores, el lugar donde desempeñaba funciones. Se le imputa la autoría de un delito más ahora que le ha sido dictada la prisión preventiva: peculado de servicios.
El subcomisario Sparaíno, de 37 años, era responsable del Destacamento de Seguridad Vial de Tandil al momento de ser detenido. El capitán Arrubia, de 47 años, fue arrestado en Vial Azul y el oficial subinspector Ferreyra, de 33 años, fue detenido mientras desempeñaba su tarea en el Destacamento de Seguridad Vial de Monte.
Para el fiscal Fernández está
probada la asociación ilícita
El fiscal de la causa, Marcelo Fernández sostiene que esos hechos de corrupción por los que los cuatro policías están ahora con prisión preventiva ocurrieron entre enero y mayo de este año. Geográficamente, el titular de la UFI 1 situó a esos episodios delictivos como sucedidos “en el ámbito territorial de la Jefatura Zonal de Seguridad Vial Azul de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y zonales aledañas; abarcando las rutas nacionales 3 y 226, y demás rutas y caminos tributarios de la región”.
En ese contexto, desde la acusación se menciona que al menos los cuatro encausados, policías conocidos entre sí por sus vínculos “laborales, de amistad o trato frecuente”, llevaron a cabo esos delitos por los que actualmente están presos en la Unidad 30.
Para eso, afirma también el fiscal azuleño que “integraron de manera organizada una asociación destinada a cometer delitos de distinta índole en perjuicio de particulares transeúntes y de la administración pública nacional y provincial indistintamente”.
Los policías, “desempeñando alternativamente distintos roles y funciones, con abuso de sus cargos públicos y amparados en su condición de pertenecer a una fuerza de seguridad encargada de la seguridad vial en dicho territorio, solicitaron y exigieron en forma indebida la entrega periódica, así como recibieron en distintas oportunidades, de sumas de dinero o dádivas a los dueños de diferentes empresas transportistas de paso frecuente por las rutas bajo su control o a conductores ocasionales de vehículos de menor y gran porte”.
A cambio de eso, omitían cumplir con sus funciones de “control y exigencia del cumplimiento de la reglamentación vial, sea respecto de documentación exigible para la circulación de los vehículos, sea el cumplimiento de las normas de conducción, sea el buen estado general de los vehículos en tránsito o sea la documentación específica para el transporte de mercaderías, y así permitirles el libre paso por sus jurisdicciones”.
Más datos
La acusación incluye también que los policías “procuraban la liberación de rodados retenidos en controles vehiculares efectuados por otros destacamentos viales del territorio de la jefatura vial o aledaños, solicitándose entre sí la omisión del labrado de actas de infracción o el secuestro, si correspondía, para vehículos con irregularidades, cuyos propietarios accedían a abonarles sumas de dinero o prometían hacerlo o entregar dádivas a cambio, haciendo valer así indebidamente su influencia ante otros funcionarios públicos para que no realicen de esta manera los actos propios de su incumbencia”.
Agregó que “tales ilícitos solo podían tener lugar en virtud de la especial situación funcional y la relación que existía entre los imputados, que cotidianamente prestaban servicios en las dependencias a su cargo, con comunicación permanente entre sí, ya sea telefónica o personal, mediante acuerdos expresos o tácitos para llevar adelante su accionar ilícito y la omisión de los actos de servicio que sus funciones les exigían”.
El titular de la UFI 1 tiene demostrado que los policías acusados “se recomendaban, remitían o presentaban recíprocamente a empresarios transportistas o choferes que transitaban usualmente por las rutas sujetas a las distintas zonas viales para que entregaran dinero o dádivas a cambio del libre paso por las diferentes jurisdicciones”.
En tanto, los hechos que han derivado en la ampliación de la acusación para el capitán Javier Enrique Murray señalan que empleó, “en provecho propio” y en beneficio de una empresa de transportes con sede en la localidad de Hurlingham, “servicios de vigilancia, seguridad y logística, a través de la utilización de un predio municipal, aledaño a la dependencia policial donde prestaba servicios” en Las Flores. Un espacio que por intermedio suyo se usaba “como playa de estacionamiento para las distintas unidades de transporte de la mencionada empresa”.
Además, en el marco de esa ilícita “prestación de servicios”, el fiscal sostiene que ese policía “proveyó, al mismo tiempo que cumplía su labor jerárquica en la Estación Vial, como así también aprovechando la especial función de su dotación de personal y recursos materiales propios de la dependencia, todos pagados por la administración pública provincial, la seguridad de choferes, rodados y bienes transportados, asignación de turnos de carga y descarga, control del tránsito y coordinación con la empresa de control satelital contratados por la transportista, que retribuía a Murray mediante sumas de dinero por los servicios prestados en tales rubros logísticos y de seguridad”.
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