Joven imputado por intimidación pública será sancionado con tareas comunitarias

Centenares de estudiantes salieron del establecimiento tras la amenaza de bomba en la Escuela Normal. El caso tuvo su desenlace judicial.

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Desde la esfera judicial se conoció la finalización de la instrucción penal preparatoria contra un joven acusado de “intimidación pública”, a raíz de uno de los casos ocurridos el año pasado con las amenazas de bomba en las escuelas, situaciones que pusieron en jaque a la comunidad educativa y autoridades policiales.

Como se detalló en estas páginas en ediciones pasadas, los investigadores lograron dar con uno de los jóvenes sindicados por estas llamadas telefónicas que merecieron un amplio despliegue de prevención y seguridad en pos de confirmar que se trataba de una falsa alarma. A partir de ello se instruyó una causa penal por la cual varios menores de edad quedaron involucrados bajo la órbita del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, en tanto que el titular del celular quedó imputado bajo la figura delictual citada, resultando Francisco Tobías Cruz, de 18 años de edad, quien cursaba quinto año de la Escuela Normal y por el cual ahora aguarda la resolución judicial, acusado de cómplice primario.

Por lo que este Diario pudo confirmar, el fiscal Damián Borean ya elevó la requisitoria a juicio contra el joven, proponiendo como pena a resolver la suspensión del juicio a prueba, ello debido a que el imputado espera una sanción penal inferior a los tres años de prisión y en suspenso.

En tal sentido, se propuso como salida alternativa, que por un año el joven se presente una vez por mes en la sede del Patronato de Liberados y en concepto de reparación del daño ocasionado, realice tareas comunitarias.

“Hay una bomba”

Respecto al suceso que motivó la investigación, ocurrió el 10 de mayo de 2017, a las 9.43, cuando un menor realizó un llamado anónimo al sistema de emergencia 101 y con la finalidad de infundir temor público anotició falsamente ante la autoridad policial y amenazó con la existencia de un artefacto explosivo que podía causarle la muerte a todos los asistentes en la Escuela Normal de avenida Santamarina 851.

Concretamente dijo “hay una bomba en la Escuela Normal, vengan rápido porque van a morir todos (sic)”, expresión que obligó a que el establecimiento fuera desalojado y revisado por personal de explosivos en búsqueda de tales artefactos y que las clases fueran suspendidas en esa jornada.

En esas mismas circunstancias, Cruz contribuyó al hecho antes descripto, al menos mediante “el aporte indispensable, deliberado y previo” de su teléfono personal desde el cual se hizo la comunicación ilícita.

Grupo de Whatsapp

En el expediente constan las declaraciones de aquellos que oportunamente fueron a declarar por el caso, como ejemplo un docente, a quien se le exhibió el teléfono celular y del cual se le mostró una foto de un joven al que el docente identificó como un alumno de la institución, precisamente Cruz.

Otra de las pruebas resulta el propio celular secuestrado en la casa del imputado, más las declaraciones directas e incriminantes de los integrantes del grupo de Whatsapp denominado “Cucacaca” (compañeros de la escuela, menores de edad) desde donde se perpetró el llamado intimidatorio a la policía alertando sobre una bomba.

Las repercusiones

Los casos de amenazas de bomba en escuelas no solo en la ciudad sino en todo el territorio bonaerense propiciaron una medida del Gobierno provincial que tuvieron sus repercusiones en Tandil. A más precisiones, a pedido del Ministerio de Seguridad, el fiscal general con asiento en Azul solicitó a las fiscalías locales que recopilen las causas abiertas en pos de una singular acción que promoverá la Provincia.

Al decir de la información, el gobierno de Vidal advirtió que le iniciarían una causa civil a los padres de aquellos alumnos que hicieron amenazas de bombas a los colegios.

Cristian Ritondo, ministro de Seguridad provincial, detalló que en los últimos días, en las localidades Morón, Moreno e Ituzaingó, varios menores fueron demorados y se secuestraron 10 teléfonos celulares que fueron utilizados para realizar las amenazas.

Ritondo declaró que en total hay 120 causas en toda la provincia, entre el fuero federal y provincial, por amenazas a colegios. En esa línea, el funcionario sostuvo que “lo que le cuesta al Estado estas cosas que creen que son una broma, es muchísimo”.

Solo en septiembre, se detectaron más de 2400 hechos intimidatorios por lo que el Gobierno bonaerense tomó la decisión de promover demandas por “daños y perjuicios” contra los padres de alumnos que realicen amenazas de bomba a escuelas.

En Tandil

Sobre los casos locales, se registraron alrededor de una veintena de denuncias de estas características, sobre las cuales se debieron abrir instrucciones penales preparatorias que en algunos casos arribaron a indicios, con pruebas contundentes, que complicaron a varios jóvenes en la gran mayoría menores de edad.

Figura delictual

Desde la instrucción el delito del que se trata es de “Intimidación pública”, tal la figura que reza en el Código Penal en su artículo 211: “Será reprimido con prisión de dos a seis años el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos”, reza el texto.

Asimismo, se agrega en el marco normativo que “cuando para ello se empleare explosivos, agresivos químicos o materias afines, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública, la pena será de prisión de tres a diez años”.

Subsidiariamente, el Código Penal, en su capítulo II alude al delito de “falsa denuncia”, en el artículo 245. El mismo señala que “se impondrá prisión de dos meses a un año o multa de 750 a 12.500 mil pesos al que denunciare falsamente un delito ante la autoridad”.

Nota proporcionada por :

  • ElEcodeTandil

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