Buscan implementar incentivos fiscales para la inclusión laboral de personas con discapacidad

El gobierno nacional continúa avanzando con medidas que afectan la ley de Emergencia en Discapacidad. Mientras la discusión se traslada a la Corte Suprema de Justicia, el oficialismo envió al Congreso un proyecto de ley que elimina diversos derechos del colectivo, entre ellos, los beneficios fiscales para las empresas que promueven la inclusión laboral.

Ante este escenario, el diputado de Unión por la Patria, Cristian Andino, presentó una iniciativa que busca transformar la inserción de personas con discapacidad en el mercado de trabajo. El proyecto, acompañado por los legisladores Jorge Chica, Nancy Sand, Christian Zulli, Gabriela Pedrali, Pablo Todero y Jorge Araujo Hernández, fue remitido a las comisiones de Legislación del Trabajo, Discapacidad y Presupuesto y Hacienda.

La propuesta establece que el sector privado debe adoptar medidas concretas para garantizar la igualdad de oportunidades, integrando la inclusión como un componente estratégico de la Responsabilidad Social Empresaria (RSE). El texto abarca a todas las personas jurídicas y humanas que desarrollen actividades económicas en el país, con adaptaciones para micro, pequeñas y medianas empresas.

Entre las obligaciones para las compañías, se destaca la incorporación progresiva de personas con discapacidad a la plantilla de personal y la contratación de proveedores que gestionen unidades productivas inclusivas. Además, las empresas deberán contar con descripciones de puestos accesibles y protocolos de prevención frente al acoso y la discriminación.

Para fomentar estas prácticas, el proyecto introduce un régimen de incentivos. Las firmas que cumplan con los requisitos tendrán prioridad en contrataciones con el Estado nacional, acceso preferencial a financiamiento y una reducción del 50% en aportes y contribuciones patronales por los empleados con discapacidad.

Un punto fundamental de la iniciativa es que garantiza que el acceso al empleo formal no provocará la pérdida de la Pensión No Contributiva por Discapacidad (PNC), atendiendo un reclamo histórico del sector. Asimismo, se prevé la creación del Registro Nacional de Empresas Socialmente Responsables e Inclusivas para otorgar un sello oficial a las organizaciones cumplidoras.

Según los impulsores, la medida busca "transformar el paradigma de la inclusión laboral en la Argentina, pasando de la promoción voluntaria a la responsabilidad compartida y garantizando condiciones de igualdad real en el mercado de trabajo", tal como se detalla en el documento ingresado a la Cámara de Diputados.

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