Cristina apuntó contra el informe del tandilense Stoddart, exfuncionario macrista, en la causa por la que le piden 12 años de prisión

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró que se está enjuiciando "al peronismo y a los gobiernos populares" en el proceso oral de la causa denominada Vialidad, en el que, reafirmó, "nada fue probado" de lo que dijeron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, a quienes cuestionó por no investigar las comunicaciones telefónicas entre el exsecretario de Obras Públicas José López y el empresario Nicolás Caputo, amigo del expresidente Mauricio Macri.

Al ejercer su "derecho a la defensa" por su canal de YouTube, seguido en vivo por más de 58 mil usuarios luego de que el Tribunal Oral Federal 2 le negara la posibilidad de ampliar su declaración indagatoria en el marco del debate, la exmandataria definió al alegato de los fiscales Luciani y Mola como un "guión bastante malo y falso".

En la causa denominada "Vialidad", al concluir la etapa de alegatos, el fiscal Luciani pidió que se condene 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos a la vicepresidenta. 

Después del alegato de Mola y Luciani, el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 2, integrado por Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini, rechazó un pedido que había sido presentado más temprano por la defensa de la Vicepresidenta para ampliar su declaración indagatoria, ante las nuevas pruebas incorporadas en el tramo final del debate oral y público por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.

Por eso, en un descargo que realizó a través de sus redes sociales, Cristina Kirchner realizó una ampliación de su declaración sobre los proyectos de vialidad -apoyada por la exhibición de varias notas periodísticas- en la que remarcó que "en 2011 el juez (Julián) Ercolini se declaró incompetente y, luego, con el cambio de Gobierno, cambió", e insistió en señalar que la sentencia en este juicio "ya está escrita".

El rol de Stoddart

Cuando Cristina Kirchner comienza a explicar algunos ítems, menciona al tandilense Ricardo Stoddart, quien asumió como gerente de Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional en diciembre de 2015 , acompañando a Javier Iguacel. 

Stoddart fue el que hizo junto a un equipo la auditoría interna de las 51 obras adjudicadas a Austral Construcciones que derivó en la denuncia penal y el posterior juicio por la obra pública de Santa Cruz donde se pidió los 12 años de prisión para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En recientes declaraciones al diario MDZ, el tandilense Stoddart , explicó que “desde el minuto cero de la auditoría nos dimos cuenta que había serias irregularidades, más que irregularidades hechos delictivos. Porque estábamos convencidos. Esto fue en abril del 2016, cuatro meses después que llegáramos a la Dirección de Vialidad Nacional y tras comprobar que había evidencia suficiente de que había una organización corrupta que asignaba obra pública de forma arbitraria e ilegal en la provincia de Santa Cruz”.

"Absolutamente nada de lo que dijeron fue probado" durante el juicio, señaló Cristina Kirchner y agregó que "se comprobó que era exactamente al revés de lo que decían". En esa dirección, se basó en los testimonios de algunos testigos y citó la declaración de Laura Indie, abogada jefa de legales de Vialidad Nacional de Santa Cruz.

Citada a declarar como testigo de la Fiscalía, dijo que una delegación encabezada por Javier Iguacel, titular de Vialidad Nacional durante la administración de Juntos por el Cambio y el tandilense Ricardo Stoddart, llegaron a Santa Cruz escoltados por un patrullero, y tras intimidarla, la obligaron a firmar "un documento" según el cual, a las empresas de Lázaro Baéz se le había pagado todo y no se le debía nada. Indie dijo ante el fiscal: "Le soy sincera, no corroboré nada y firmé".

La causa contra Stoddart

En junio de este año, en tanto, se conoció que Javier Iguacel fue procesado por negociaciones incompatibles con la función pública en una causa en la que se lo acusa de haber favorecido a un grupo de empresas al extenderles de forma irregular la concesión de siete corredores viales que atraviesan 11 provincias. En la causa también quedó procesado Ricardo Stoddart.

"Javier Iguael, con la asistencia de (el ex jefe de jurídicos de Vialidad, Ricardo) Stoddart y (el ex director ejecutivo del Occovi, Pablo) Belenky, se interesó en los contratos de concesión analizados en miras a beneficiar a las empresas concesionarias, actuando de manera contraria a la prevista normativamente", sostuvo el juez Sebastián Casanello en el fallo en el que procesó, sin prisión preventiva, a los tres exfuncionarios.

Entre las empresas supuestamente beneficiadas por las concesiones extendidas de forma irregular se encuentra la empresa IECSA, en su momento vinculada a la familia Macri, y otras grandes empresas vinculadas a las obra pública.

Fuentes judiciales indicaron que Iguacel fue señalado por el juez como presunto autor del delito, mientras que Stoddart y Belenky fueron sindicados como partícipes necesarios, en tanto que a los tres les fueron trabados embargos sobre sus activos hasta cubrir los 10 millones de pesos.