Cristina Kirchner llevó la causa Vialidad ante la ONU y busca revertir su inhabilitación

La defensa de Cristina Fernández de Kirchner formalizó una nueva presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para cuestionar la condena firme que recibió en la causa Vialidad, por la que cumple seis años de prisión bajo la modalidad domiciliaria y tiene una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

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Los abogados Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego incorporaron al planteo internacional documentación que consideran relevante para cuestionar los fundamentos de la sentencia. La estrategia apunta, entre otros objetivos, a conseguir que se suspenda la inhabilitación que actualmente le impide a la exmandataria presentarse como candidata.

El reclamo ante Naciones Unidas sostiene que durante el proceso judicial se habrían vulnerado derechos contemplados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre ellos garantías vinculadas con el debido proceso, la imparcialidad judicial y los derechos políticos. Esos cuestionamientos forman parte de los argumentos de la defensa y no implican, hasta el momento, una revisión de la sentencia firme dictada por la Justicia argentina.

La condena quedó firme luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara los recursos presentados por la defensa y dejara vigente la sentencia del Tribunal Oral Federal 2 contra la expresidenta por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

El planteo fue llevado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, integrado por 18 expertos independientes encargados de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados que lo suscribieron.

La “nueva prueba” que presentó la defensa

Uno de los principales argumentos incorporados por los abogados está relacionado con una base de datos sobre la distribución de fondos destinados a obras viales entre 2009 y 2015.

Según explicó Beraldi, la información surgió a partir de la declaración de un técnico de la Dirección Nacional de Vialidad en el juicio conocido como Cuadernos. A partir de esos datos, la defensa analizó cómo se habían distribuido recursos provenientes del fideicomiso vinculado al Decreto 54/2009.

De acuerdo con el estudio presentado por los abogados, durante ese período se destinaron más de 2.000 millones de dólares mediante ese mecanismo y las empresas vinculadas a Lázaro Báez habrían recibido alrededor del 0,85 por ciento de esos recursos.

“A Lázaro Báez se le había asignado menos del 1 por ciento”, sostuvo Beraldi al presentar los resultados. Para la defensa, ese dato contradice uno de los fundamentos utilizados para sostener que el mecanismo había sido diseñado para favorecer al empresario santacruceño.

Sin embargo, esa interpretación es discutida. Un magistrado que intervino en la causa Vialidad señaló que el planteo compara fondos destinados a obras en todo el país, mientras que el juicio contra Kirchner analizó específicamente las adjudicaciones de obra pública vial en Santa Cruz. Según esa posición, el nuevo informe no modificaría el objeto sobre el que se dictó la condena.

Los abogados de la expresidenta sostienen, en cambio, que la documentación permite cuestionar aspectos centrales de la sentencia y adelantaron que también buscarán utilizarla para promover una revisión en los tribunales argentinos.

La defensa pretende que el planteo internacional avance en las próximas sesiones del Comité y mantiene como uno de sus principales objetivos conseguir una medida que permita revisar o suspender la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

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El Eco de Tandil

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