Diputados aprobó el acuerdo para pagar USD 171 millones a fondos buitres

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el acuerdo impulsado por el Gobierno nacional para cancelar una deuda de USD 171 millones con los fondos Bainbridge y Attestor, dos de los acreedores que aún mantenían litigios abiertos contra la Argentina por el default de 2001. La iniciativa recibió el respaldo del oficialismo, sus aliados habituales y sectores del centro político, mientras que el peronismo encabezó el rechazo.

Con la sanción de Diputados, el proyecto quedó convertido en ley, ya que contaba con la aprobación previa del Senado. La sesión se desarrolló en un clima de tensión política, marcado además por las discusiones vinculadas al caso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Según explicó el Gobierno, el acuerdo permitirá poner fin a las demandas que ambos fondos mantenían contra el país y evitará posibles embargos sobre activos argentinos. Además, implica el cierre de los procesos de búsqueda de bienes, conocidos como “discovery”, que los acreedores utilizaban para intentar garantizar el cobro de sus reclamos.

Desde la administración nacional destacaron que la negociación logró una reducción superior al 30 por ciento respecto de los montos originalmente reclamados. El procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, detalló durante el debate parlamentario que Attestor redujo su demanda de USD 160 millones a USD 104 millones, mientras que Bainbridge pasó de reclamar USD 96 millones a USD 67 millones.

“Lo que se está haciendo es pagar menos”, sostuvo Amerio al defender la conveniencia de la operación para las finanzas públicas.

Durante la discusión legislativa, el diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch, de La Libertad Avanza, respaldó el acuerdo y aseguró que, “después de 25 años”, la Argentina tiene la oportunidad de comenzar a cerrar una de las consecuencias pendientes del default internacional.

En contraposición, la diputada Vanesa Siley, referente del kirchnerismo, cuestionó duramente la iniciativa y acusó al Gobierno de resolver el conflicto financiero “a costa del hambre de la gente”. Además, sostuvo que el entendimiento con los acreedores implicará una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y una profundización de la recesión económica.

Con la aprobación definitiva de la norma, el Gobierno busca cerrar uno de los últimos frentes judiciales vinculados al default de 2001 y reducir la exposición del Estado argentino a nuevos reclamos internacionales.

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