Diputados avanzan con un proyecto para blindar las empresas públicas bonaerenses

Un proyecto de ley que busca "blindar" a las empresas públicas de la provincia de Buenos Aires frente a eventuales privatizaciones obtuvo este jueves dictamen favorable en la Comisión de Servicios Públicos de la Cámara de Diputados bonaerense.

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La iniciativa, presentada por la diputada de Unión por la Patria Mayte Alvado, propone que cualquier modificación en el control de las empresas estatales deba ser aprobada por una ley con el voto de los dos tercios de los miembros de la Cámara, en lugar de la mayoría simple que exige la normativa vigente.

El despacho recibió el respaldo de ocho legisladores de Unión por la Patria, la UCR, Nuevos Aires, Unión y Libertad y Hechos, mientras que los tres votos en contra correspondieron a representantes de La Libertad Avanza y el PRO, que firmaron un dictamen de minoría.

Además de elevar el requisito de aprobación, el proyecto establece que toda propuesta para reducir la participación estatal deberá estar "razonablemente fundamentada", demostrar la necesidad de ese cambio y respetar el interés público provincial y el bienestar general de la población.

La iniciativa se inscribe en un contexto de fuerte debate político de cara a las elecciones del próximo año. Desde el oficialismo provincial sostienen que, si un espacio liberal o libertario llegara al gobierno bonaerense, podría intentar impulsar un proceso de privatizaciones similar al que promueve el presidente Javier Milei a nivel nacional.

Actualmente, la Provincia mantiene el control de empresas estratégicas como ABSA, encargada del servicio de agua y saneamiento; AUBASA, concesionaria de las autopistas Buenos Aires-La Plata y Ruta 2; y BAGSA, responsable de la distribución de gas natural en pequeñas localidades bonaerenses.

Al fundamentar el proyecto, Alvado sostuvo que "permitir cambios frecuentes e impulsivos en la producción y prestación de estas empresas socava la calidad y accesibilidad de los servicios, además de minar la confianza en las capacidades del Estado provincial".

La legisladora agregó que la estabilidad en la gestión de las empresas públicas resulta clave para planificar inversiones de largo plazo, mejorar la infraestructura y garantizar un acceso equitativo a los servicios esenciales.

Asimismo, defendió la participación del Estado en compañías estratégicas y aseguró que la combinación entre capital público y privado permite prestar bienes y servicios de manera "eficiente y equitativa". Como ejemplo, mencionó el caso de YPF, al considerar que la presencia estatal posibilita supervisar y regular las operaciones para garantizar estándares de calidad y accesibilidad.

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