EE.UU. expresó preocupación por la ley de soberanía sobre Malvinas, pero respetará la decisión argentina

El Gobierno de Estados Unidos reconoció su preocupación por el alcance de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, impulsada por la administración de Javier Milei para sancionar a empresas vinculadas con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina. A pesar de este reparo, desde Washington aclararon que respetan el proceso legislativo del país y evitaron solicitar modificaciones al proyecto que actualmente se encuentra pendiente de tratamiento en el Congreso.

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La posición fue expresada por el vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, durante una conferencia de prensa compartida con el canciller Pablo Quirno en el Palacio San Martín. En dicho encuentro, ambos funcionarios repasaron diversos aspectos de la relación bilateral: “Las leyes de la Nación Argentina son una cuestión para las autoridades de la Nación Argentina. Nosotros estamos obviamente viendo con interés los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupe por eso”.

Landau, quien se desempeña como número dos del secretario de Estado Marco Rubio, enfatizó que su Gobierno no pretende intervenir en el debate parlamentario. “Quiero destacar otra vez que nosotros respetamos el proceso legislativo de la gran nación argentina”, afirmó el funcionario.

Estas declaraciones surgieron tras trascender contactos entre Buenos Aires y Washington respecto a las posibles consecuencias de las sanciones sobre compañías y fondos de inversión estadounidenses con participación en proyectos económicos en las islas. Según se informó, la Casa Rosada descarta avanzar contra grandes actores financieros si dichas medidas comprometen la relación bilateral, aunque el Ejecutivo sostiene que las observaciones estadounidenses no constituyen una exigencia formal para retirar el proyecto.

Detalles de la iniciativa

La propuesta, enviada al Congreso el 17 de septiembre, busca reemplazar la Ley 26.659 y ampliar las sanciones contra empresas que financien, faciliten o desarrollen actividades de explotación de recursos naturales en las islas sin autorización argentina. El texto contempla multas, inhabilitaciones y restricciones comerciales.

El canciller Pablo Quirno defendió la iniciativa al considerar que la legislación actual resulta insuficiente para proteger los intereses argentinos en el Atlántico Sur. “No va en contra de nadie en particular”, aseguró el funcionario, quien explicó que las empresas deberán evaluar si continúan operando en las islas o desarrollan proyectos en el territorio continental argentino.

Otros temas de la agenda

Durante la conferencia, también se abordó la propuesta estadounidense de disolver el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas. Landau sostuvo que dicha iniciativa responde a una política general de reforma de los organismos multilaterales y no representa una posición específica sobre el conflicto de soberanía. “Espero que la Argentina no confunda un proyecto de reforma para agilizar la operación de Naciones Unidas con un tema particular sustantivo”, manifestó.

Por su parte, Quirno restó importancia a esta posible disolución. “En la eventualidad de que deje de existir, eso no tiene ningún tipo de mella sobre nuestro reclamo”, afirmó el canciller. 

Finalmente, la agenda incluyó avances en el Corredor Andes-Atlántico, la cooperación contra el narcoterrorismo y los preparativos para la visita del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, prevista para noviembre.

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El Eco de Tandil

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