El Gobierno busca modificar puntos clave de la Emergencia en Discapacidad con el Presupuesto 2027

El Gobierno nacional incluyó en el proyecto de Presupuesto 2027 una serie de modificaciones a la Ley de Emergencia en Discapacidad, en momentos en que la Cámara de Diputados comenzó a discutir la posibilidad de extender por un año la vigencia de la norma, que finaliza el próximo 31 de diciembre.

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La iniciativa fue enviada al Congreso por el Ejecutivo y contiene, entre sus artículos 36 y 41, cambios en el régimen de pensiones no contributivas, en el sistema de prestaciones y en la forma de determinar los aranceles que reciben los prestadores.

La incorporación de esos puntos al Presupuesto generó diferencias incluso dentro del oficialismo durante el plenario conjunto de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda. Según trascendió durante la discusión parlamentaria, legisladores de La Libertad Avanza manifestaron malestar porque los cambios introducidos por el Ejecutivo modificaron el escenario de negociación que mantenían con otros bloques.

Una de las dirigentes que se expresó fue Silvana Giúdici, actualmente integrante del bloque oficialista. La diputada planteó la necesidad de separar la discusión sobre la continuidad de la emergencia del posterior tratamiento del Presupuesto.

La Ley 27.793 declaró la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026 y estableció expresamente la posibilidad de prorrogarla durante un año más. La norma fue sancionada en 2025 y promulgada luego de que el Congreso insistiera con dos tercios frente al veto presidencial.

Qué propone cambiar el Presupuesto 2027

El artículo 41 del proyecto presupuestario propone derogar los artículos 5°, 8°, 9° y 14 de la Ley 27.793. Entre esos puntos se encuentran disposiciones vinculadas con las pensiones, la cobertura de salud de sus beneficiarios, la transformación de pensiones preexistentes y el esquema de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas.

Otro de los cambios centrales aparece en el artículo 39, que modifica el sistema previsto por la Ley 24.901. La propuesta establece que la universalidad de las prestaciones no implicará una homogeneidad en los aranceles ni en las modalidades de financiamiento y dispone que el Nomenclador de Prestaciones Básicas deje de contemplar valores universales.

De aprobarse esa redacción, obras sociales, empresas de medicina prepaga y distintas jurisdicciones podrían manejar valores diferentes en su relación con los prestadores. Para las prestaciones financiadas por el Estado nacional, los montos quedarían determinados de manera trimestral por la autoridad nacional correspondiente.

El proyecto también introduce modificaciones sobre las pensiones. El artículo 36 establece que la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral equivaldrá al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio, mientras que el artículo 37 establece su incompatibilidad con un vínculo laboral formal o con la inscripción en los regímenes general o simplificado.

La propuesta implica modificar el esquema previsto por la legislación vigente respecto de la posibilidad de compatibilizar determinadas pensiones con ingresos laborales.

El debate ahora queda en manos del Congreso, donde el oficialismo deberá negociar tanto el Presupuesto 2027 como el futuro de la Emergencia en Discapacidad. La discusión se produce, además, cuando Diputados analiza específicamente la posibilidad de utilizar la prórroga de un año contemplada en la propia Ley 27.793.

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El Eco de Tandil

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