El Gobierno endureció la política migratoria y podrá expulsar extranjeros por mensajes de odio

El Gobierno nacional oficializó un endurecimiento de la política migratoria mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026, que incorpora nuevas causales para impedir el ingreso al país o expulsar a extranjeros que promuevan mensajes de odio, discriminación o violencia contra los argentinos o que participen en actos de ultraje a los símbolos patrios.

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La medida modifica la Ley de Migraciones N° 25.871 y surge, según explicó el Poder Ejecutivo, en un contexto marcado por una serie de agresiones difundidas a través de redes sociales, especialmente durante el reciente Mundial de la FIFA.

Antes de la publicación del decreto en el Boletín Oficial, la Oficina del Presidente había anticipado la decisión mediante un mensaje en la red social X. Allí sostuvo que "quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país" y remarcó que "la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable".

Con la entrada en vigencia de la norma, no podrán ingresar ni permanecer en el territorio nacional quienes hayan emitido mensajes de odio de forma oral o escrita, incitado a la violencia contra el pueblo argentino o contra ciudadanos argentinos por razones de nacionalidad, participado en actos de ultraje a los símbolos patrios o promovido cualquiera de esas conductas.

Además, el decreto modifica el artículo 63 de la Ley de Migraciones para establecer que, cuando una residencia sea cancelada por estos motivos, la autoridad migratoria podrá intimar al extranjero a abandonar el país dentro del plazo que se determine o disponer directamente su expulsión, de acuerdo con las circunstancias particulares de cada caso.

El Gobierno justificó la medida al señalar que, si bien la Argentina mantiene una histórica tradición de apertura hacia la inmigración, el Estado conserva la potestad soberana de establecer las condiciones para la admisión y permanencia de extranjeros con el objetivo de proteger el orden público, la seguridad interior y la convivencia social.

En los fundamentos del decreto también se afirma que en los últimos tiempos se registró un incremento de mensajes de odio y actos de hostilidad dirigidos contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional, lo que, según el Ejecutivo, hace necesario reforzar las herramientas legales para impedir el ingreso o disponer la expulsión de quienes incurran en esas conductas.

Asimismo, el texto oficial sostiene que los símbolos patrios representan la soberanía y los valores fundamentales de la Nación, por lo que merecen una protección jurídica especial frente a actos de ultraje.

No obstante, el decreto aclara que las nuevas restricciones no alcanzarán a las expresiones de disenso ideológico ni a la crítica política, académica o ciudadana, siempre que constituyan un ejercicio legítimo de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional.

Finalmente, el Poder Ejecutivo argumentó que la medida reglamenta el ejercicio de la libertad de expresión y citó como respaldo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que contempla la posibilidad de establecer restricciones frente a la apología del odio y la incitación a la violencia.

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El Eco de Tandil

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