El proyecto para condonar deudas de las tasas y ampliar las eximiciones bajaría al Ejecutivo
La iniciativa de los tres bloques de la oposición ya pasó por las comisiones de Economía e Interpretación y Asuntos Legales. El oficialismo pedirá la opinión del Departamento Ejecutivo y tal vez un dictamen de Legal y Técnica. Los concejales Iparraguirre, Ballent y Llano están a la espera de que convoquen a las autoridades de la Secretaría de Economía.
La Comisión de Interpretación y Asuntos Legales avanzó en el tratamiento del proyecto para la condonación de las deudas de las tasas municipales a contribuyentes en situación de vulnerabilidad y la ampliación del régimen de exenciones, que presentaron –en conjunto- los tres bloques de la oposición. El expediente ya había pasado por Economía, donde recomendaron solicitar un dictamen legal, y ahora la bancada oficialista analiza remitirlo al Departamento Ejecutivo para que dé su opinión.
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En la reunión de Interpretación, encabezada por Marcela Vairo, participaron también el presidente del Legislativo Juan Pablo Frolik, el jefe de la bancada oficialista Mario Civalleri, y los autores de la iniciativa Rogelio Iparraguirre (Unidad Ciudadana), Gustavo Ballent (Integrar) y Facundo Llano (Justicialista). En ese ámbito surgió que convocarán a las autoridades de la Secretaría de Economía para analizar si son factibles las condonaciones y la ampliación del régimen de exenciones.
El justicialista Llano incorporó un dictamen del Tribunal de Cuentas que se aplica la Ley 14048, que fue invocada en los considerandos del proyecto, y que autoriza a los municipios, a través de los concejos deliberantes, a condonar deudas de capital y de tasas propias, por razones de índole social.
La letra del proyecto
El proyecto de ordenanza, que surgió a partir de los reclamos por intimaciones a jubilados que se atrasaron con el pago de los tributos municipales, faculta al Ejecutivo a condonar toda deuda exigible más sus intereses correspondientes a tasas municipales, de aquellos contribuyentes pasibles de ser incorporados en el Régimen de Exención previsto en la Ordenanza Fiscal vigente.
Por otra parte, establece que el Ejecutivo deberá elevar al Concejo Deliberante la nómina de contribuyentes que adeudan tasas municipales, de acuerdo a una serie de parámetros que determinan la condición socioeconómica a fin de acceder al beneficio.
Una de esas pautas a cumplir es que los ingresos percibidos por el grupo familiar conviviente no deben superar, en promedio, durante los 6 meses anteriores a la emisión del certificado de deuda, el monto mensual del umbral de pobreza determinado por el Indec para el grupo familiar.
Además, los beneficiarios podrán ser propietarios, condóminos, usufructuarios de un único inmueble, que se encuentre destinado a vivienda propia y permanente; no podrán ser titulares de dominio o condóminos de otro u otros inmuebles en el ámbito territorial nacional; la valuación fiscal del inmueble no podrá superar el importe de la valuación promedio del partido de Tandil para la determinación de la Tasa Retributiva de Servicios; y la superficie de la parcela no podrá ser superior a diez mil metros cuadrados.
En el artículo tercero, la iniciativa prevé que los pagos ya realizados por todos los conceptos que hubieran sido efectuados con anterioridad a su entrada en vigencia, quedarán firmes y no generarán derecho a repetición ni podrán deducirse o imputarse a obligaciones futuras.
Por último, solicita la modificación del Régimen de Exenciones de Tasas vigente en la Ordenanza Fiscal, para incorporar a pensionados no contributivos que tengan un ingreso no mayor a la jubilación mínima y a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.
Seguirá en comisión
La abogada Marcela Vairo, presidenta de la comisión de Interpretación, confirmó que el expediente seguirá en tratamiento para una evaluación en conjunto con la Comisión de Economía y adelantó que solicitarán un dictamen del Departamento Ejecutivo.
Explicó que el proyecto de los tres bloques de la oposición, “tiene una parte de condonación de deuda, esto quiere decir la deuda ya devengada, atrasada, que se pueda perdonar, y por otro lado, también la revisión de las eximiciones, porque la condonación va a ser para un universo de personas que ya está casi contemplado, en la parte de exenciones, en la Ordenanza Fiscal e Impositiva”.
Vairo adelantó que seguirán estudiando el expediente para luego “bajarlo al Ejecutivo” y analizó que “desde lo legal y técnico, lo que hace es una modificación del presupuesto vigente. Por eso es un tema delicado y se dejó en comisión para estudiarlo. Justamente, lo que hace la condonación de la deuda es una modificación presupuestaria”.
Por caso, reparó en el primer artículo que expresa “facúltese al Poder Ejecutivo” y señaló que de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Cuentas, este tipo de medidas tiene que ser impulsado desde el Ejecutivo y convalidado por el Deliberativo.
Consenso en el aspecto social
La abogada Vairo afirmó que desde el punto de vista social, los concejales oficialistas coinciden con el proyecto. Sin embargo, sostuvo que “es muy parecido a lo que ya está contemplado. Las exenciones se solicitan año a año, y el problema es qué pasa con la persona que se olvidó de presentar la eximición. El proyecto apunta un poco a eso, a la persona, o el club, o la asociación civil que se olvidó de solicitar una eximición, que es año a año, entonces qué pasa con esa deuda que se generó”.
Agregó que “la eximición opera para adelante. En cambio, la condonación opera para atrás” y refirió que un jubilado que hace el trámite ahora, gozaría del beneficio en adelante y el proyecto operaría para atrás para aquellos que no solicitaron la eximición el año anterior.
Por último, enfatizó que el proyecto amplía el programa de eximiciones a otras personas que hoy no están alcanzadas por la Ordenanza Fiscal vigente. “Por eso hay que estudiarlo”, dijo.
La apoyatura legal
En los considerandos del proyecto, los concejales de Unidad Ciudadana, Justicialista e Integrar resaltaron que “es el Estado el responsable principal, en sus distintos niveles, de generar mecanismos que contribuyan a una más equitativa distribución del ingreso” y “resulta posible a los municipios propender a ello a través de medidas concretas, de acuerdo con sus posibilidades y con las atribuciones conferidas por la ley”.
Y señalaron que “uno de los medios específicos para tal fin se relaciona con las exenciones impositivas, así como con las condonaciones de deuda, las que al igual que el poder de imposición, deben respetar el principio de legalidad tributaria”.
Citaron el dictamen de la Asesoría General de Gobierno “Proyecto de Ordenanza. Implementación de un régimen de sinceramiento fiscal. Consulta sobre el órgano competente para su establecimiento. Atribuciones del Honorable Concejo Deliberante. Participación del Departamento Ejecutivo. Trámite a seguir. Remisión de deuda. Eventuales responsabilidades. Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, del 27/01/2017”, que establece que “es el Concejo como órgano legislativo –con la mayoría de dos tercios de la totalidad de sus miembros, como dispone el art. 56 de la Ley Orgánica de las Municipalidades–, el único con poder para autorizar la condonación de deudas porque los principios y preceptos constitucionales prohíben, a otro poder que no sea el legislativo, el establecimiento de impuestos, contribuciones y tasas”.
Además, fundamentaron que la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires sancionó, el 15 de octubre de 2009, la Ley 14.048 que autoriza a los municipios, previa sanción de la respectiva ordenanza de su Concejo Deliberante, a condonar deudas de capital e intereses de tasas que le son propias, “cuando razones de índole social así lo justifiquen, a fin de atender también de esa manera a la solución de la problemática”.
Por otra parte, enfatizaron que en 2011, el Deliberativo local sancionó la Ordenanza 12.121, que estableció un régimen de facilidades de pago para aquellos contribuyentes que registren deuda por gravámenes municipales devengados al 31 de diciembre del período fiscal anterior al corriente, “pero que, ante la actual situación económica de muchos contribuyentes, se hace difícil poder acceder a este beneficio”.