El Senado convirtió en ley Inocencia Fiscal II y el Gobierno va por los “dólares del colchón”

El Gobierno consiguió este jueves un nuevo respaldo en el Congreso con la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal II, una iniciativa que busca incentivar el ingreso al sistema financiero de los ahorros en dólares que permanecen fuera del circuito formal.

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El proyecto fue aprobado en el Senado por 44 votos a favor y 23 en contra, sin abstenciones, y quedó convertido en ley debido a que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados. El oficialismo reunió el acompañamiento del PRO, la UCR y diferentes bloques provinciales, mientras que el peronismo votó en contra.

Uno de los principales cambios introducidos por la norma está relacionado con el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). La nueva legislación elimina los límites de ingresos y patrimonio que restringían el acceso al esquema y que dejaban afuera a quienes hubieran registrado ingresos superiores a $1.000 millones o un patrimonio mayor a $10.000 millones en alguno de los últimos tres años.

La reforma también modifica las condiciones bajo las cuales la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) podrá cuestionar las declaraciones presentadas por los contribuyentes. Entre otros aspectos, redefine el concepto de “discrepancia significativa”, utilizado para determinar cuándo el organismo recaudador puede avanzar con una fiscalización.

Además, la ley establece el 31 de diciembre de 2027 como fecha límite para acceder a determinados beneficios, entre ellos la presunción de exactitud y el denominado “tapón fiscal”.

Durante el debate, el senador libertario Bruno Olivera Lucero defendió la iniciativa y sostuvo que apunta a modificar la relación entre el Estado y los contribuyentes. El legislador planteó que el objetivo es generar condiciones para que los ahorros que permanecen fuera del sistema bancario puedan ingresar al circuito formal.

Desde el peronismo, en cambio, hubo fuertes cuestionamientos. Jorge Capitanich advirtió sobre el alcance de las exclusiones previstas para funcionarios públicos y cuestionó que las restricciones no se extiendan también a sus familiares.

En esa línea, el senador Fernando Salino propuso incorporar entre los excluidos a cónyuges, convivientes, ascendientes y descendientes en primer y segundo grado de funcionarios. Sin embargo, el oficialismo rechazó introducir modificaciones y el texto fue aprobado sin cambios respecto de la versión que había llegado desde Diputados.

El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, también rechazó la iniciativa y vinculó la norma con un mecanismo de blanqueo. Desde el oficialismo, Patricia Bullrich defendió el proyecto y remarcó que los funcionarios y legisladores alcanzados por las restricciones no podrán acceder a sus beneficios.

La sanción representa una de las principales apuestas económicas del Gobierno para incorporar al circuito financiero parte de los dólares que permanecen fuera del sistema. Desde el Ejecutivo estiman que alrededor de US$170.000 millones se encuentran por fuera del circuito financiero formal.

En la misma sesión, el Senado también aprobó los acuerdos para el traspaso de la Justicia de menores y de determinadas competencias penales a la Ciudad de Buenos Aires, iniciativa que obtuvo 44 votos afirmativos y 21 negativos.

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El Eco de Tandil

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