Frolik rechazó la denuncia penal y dijo que “no tiene sustento”
Respondió a la acusación por presunta asociación ilícita y extorsión en el manejo de tierras en Villa Cordobita.
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La tranquilidad de la agenda política de la ciudad se vio sacudida por una nueva embestida judicial que apuntó contra el Gobierno comunal. En una denuncia que involucra al intendente Miguel Lunghi, al presidente del Concejo Deliberante, Juan Pablo Frolik, a dos jueces locales y a particulares, el grupo inversor Miradores de Montecristo planteó ante la Justicia la presunta existencia de una red dedicada a la manipulación de títulos de propiedad y extorsión.
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailLa presentación apunta contra Frolik por su accionar durante los años en que se sitúan los hechos denunciados por su labor como secretario de Legal y Técnica del Municipio. En una entrevista con el ciclo radial “La Mañana” (104.1 Tandil FM, EcoTV y El Eco Streaming), el concejal rompió el silencio con una defensa técnica y política sobre el actual escenario.
El funcionario recordó que los denunciantes ya habían realizado presentaciones penales previas y pedidos de interpelación en el Concejo Deliberante que fueron enviados al archivo por falta de pruebas. Según su visión, la recurrencia a la Justicia penal ahora busca compensar las puertas que se les cerraron en el ámbito administrativo y legislativo.
En primer lugar, partió de las distintas instancias vinculadas al grupo inversor de Miradores de Montecristo y los expedientes a los que se les dio tratamiento en las distintas comisiones, que “resolvieron el pedido de interpelación mandándolo al archivo porque no tenía sustento”.
Luego, mencionó que Martín Burs y Roberto Gastón Giove estuvieron en el Concejo Deliberante y que “se reunieron por separado” con los concejales de los bloques de La Libertad Avanza, de Alternativa Tandil y Fuerza Patria “con el planteo de obtener una respuesta distinta a la que tienen del Ejecutivo, cosa que no obtuvieron”.
El funcionario hizo hincapié en que, si bien es legítimo que los concejales reciban a todos los sectores, le resultó llamativo el planteo de los inversores. “Veo que se les van cortando los caminos para continuar con un negocio millonario, porque se habla de entre 10 y 15 millones de dólares” en relación al desarrollo urbanístico Miradores de Montecristo, expuso como argumento.
Y enseguida disparó que “este tipo de denuncias da más la impresión de ser una bomba mediática para hacer algún tipo de presión sobre el Departamento Ejecutivo para obtener la autorización para hacer la urbanización que buscar una efectividad desde el punto de vista penal”.
De acuerdo a lo expuesto, el trasfondo tiene relación con el desarrollo urbanístico en la zona de El Centinela. Frolik sostuvo que el Departamento Ejecutivo se mantuvo firme en la decisión de no otorgar las autorizaciones de urbanización debido a las irregularidades detectadas en la posesión de las tierras y a la necesidad de preservar el patrimonio natural de las sierras, de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial (PDT) de 2007.
“Me parece un manotazo de ahogado porque ven que se les van agotando los caminos”, insistió. Luego, consideró que la denuncia “no tiene sustento, cero sustento” y especuló que “busca ruido mediático y tratar de presionar sobre el Departamento Ejecutivo para obtener la autorización para la urbanización”.
Inconsistencias temporales
Otro de los puntos de la defensa de Frolik se centró en la estructura de la denuncia. En ese sentido, aportó datos cronológicos que buscan exponer la fragilidad del relato de los denunciantes, que apuntaron a maniobras fraudulentas corridas entre los años 2004 y 2007, período en el cual cumplió funciones al frente de la Secretaría Legal y Técnica.
“Estoy casi seguro que Martín Zárate no era juez en 2004 o 2005. Y casi seguro que (Francisco A.) Blanc tampoco lo era en esa época”, precisó.
Además, señaló una contradicción al manifestar que los denunciantes acusan a los funcionarios públicos, pero no accionaron de la misma forma contra el escribano de Mar del Plata que supuestamente falsificó las escrituras ni contra el particular, que, según ellos, habría iniciado la maniobra.
“Fueron los que supuestamente hicieron toda la maniobra y no se los denuncia; nos denuncian a nosotros”, sentenció.
El concepto de herencia vacante
La responsabilidad que se le achaca en la presentación refiere a la supuesta omisión de no denunciar ante la Fiscalía de Estado la existencia de una “herencia vacante” sobre los lotes señalados.
En detalle, el escrito judicial detalló una maniobra que presuntamente se extendió por más de dos décadas y que involucraría la apropiación de 33 manzanas pertenecientes a la firma Tandilia SRL, lo que representa un total de 149 lotes.
Según los denunciantes, estos bienes debieron haber sido incorporados al patrimonio de la Municipalidad como una “herencia vacante”, pero en su lugar fueron objeto de un millonario fraude que ascendería a más de ocho millones de dólares.
Frolik derribó el argumento al expresar que “hablan de la sucesión de Massaro, que era el representante de la sociedad, que estoy casi seguro que vivía en 2004 y su única heredera es su mujer”. En efecto, “no hay herencia vacante” y agregó que “todos tenían herederos”.
“Para que sea herencia vacante no tiene que haber descendientes hasta el cuarto grado de consanguinidad”, remató para luego resaltar que “se cae solo el argumento principal”.
La historia social detrás de Villa Cordobita
Durante la extensa entrevista, Frolik se refirió al trabajo de la Municipalidad en la zona de las antenas y Villa Cordobita. Recordó que, al asumir la gestión en 2003, el principal problema de los vecinos no era la titularidad de la tierra, sino la falta de acceso al agua potable.
Para solucionar esta demanda, “hicimos un censo” habitacional para identificar a las familias que ocupaban los lotes de forma permanente.
“Nosotros a lo que ayudamos es a todos aquellos que tenían su vivienda única, familiar y de carácter permanente, a tratar de regularizar esa situación por medio de la Ley Pierri”, relató.
Frolik defendió la aplicación de esta norma, que permitía a familias con posesión pública y pacífica desde antes de 1995 acceder a una regularización dominial social.
Fue un trabajo conjunto con otros bloques del Concejo Deliberante e incluso se impulsó en 2015 un proyecto de expropiación para consolidar el derecho a la vivienda de esos sectores, vendiéndoles los lotes a valor fiscal.
El daño a la gestión y la respuesta judicial
Hacia el final de la entrevista, Frolik no ocultó su malestar personal por el impacto que la noticia tuvo en su círculo íntimo. “Toda denuncia daña”, reconoció.
“Cuando te ensucian, la verdad que en lo personal lastima. Ayer me llamó mi sobrina, mi hermana, gente conocida preguntando ‘che, ¿qué es esto?’”, confesó.
El presidente del cuerpo deliberativo lamentó que la estrategia de los denunciantes y sobre los pasos a seguir advirtió que no se quedará de brazos cruzados. “Voy a evaluar la posibilidad de actuar contra las dos personas que son los denunciantes. No sé si será por falsa denuncia o por injurias, pero lo voy a estudiar”, ratificó.
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