El próximo martes 14 de abril, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, se presentará en el Palacio de Hacienda para elevar un reclamo formal ante las autoridades nacionales. La comitiva, integrada por diversos jefes comunales, exigirá una baja en el precio de los combustibles y la inmediata reactivación de las obras públicas que se encuentran detenidas en la provincia y el país.

La iniciativa busca visibilizar una problemática que afecta directamente al bolsillo de los ciudadanos y a la operatividad de los municipios. Desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, el valor de la nafta ha registrado un incremento cercano al 20 por ciento, lo que ha disparado la inflación y afectado la frecuencia del transporte público de pasajeros en las últimas horas.

Además de solicitar que el precio de los combustibles se retrotraiga al uno de marzo, los funcionarios pondrán el foco en el financiamiento de la infraestructura vial. El ministro de la gestión de Axel Kicillof señaló que parte de los impuestos a los combustibles debería volcarse a las obras:

"Cada vez que cargas nafta, un tercio del costo va a una cuenta del Estado nacional. El Gobierno se está quedando con la plata y sin hacer una sola obra vial"

El reclamo cuenta con el respaldo de la Federación Argentina de Municipios (FAM), liderada por Fernando Espinoza, tras una reunión de urgencia donde se analizó la caída en la recaudación local. La situación es crítica en diversos distritos debido a los recortes de coparticipación por parte de Nación y la baja en la cobrabilidad de tasas.

El impacto en Tandil y la región

En el ámbito local, el escenario es preocupante. Durante la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el intendente de Tandil, Miguel Lunghi, advirtió sobre una fuerte merma en los ingresos municipales. Según detalló el jefe comunal, la cobrabilidad de las tasas, que históricamente rondaba entre el 65 y el 70 por ciento, cayó drásticamente al 56 por ciento durante el 2025.

Esta tendencia se repite en otras localidades bonaerenses. Javier Gastón, de Chascomús, reportó una cobrabilidad del 60 por ciento, mientras que Francisco Ratto, de San Antonio de Areco, indicó que apenas la mitad de los contribuyentes cumple con la tasa de servicios urbanos. Esta realidad obliga a los intendentes a tomar decisiones drásticas sobre qué servicios podrán seguir garantizando a la comunidad.

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