La Defensoría del Pueblo reclamó "medidas urgentes" ante la privatización de AySA

La Defensoría del Pueblo de la Provincia presentó una denuncia ante la Justicia advirtiendo que AySA no está cumpliendo con la medida cautelar que le exige mantener las obras, las inversiones y la calidad del servicio de agua y cloacas. El organismo, que es conducido por Guido Lorenzino, solicitó que se tomen “medidas urgentes” ante el avance del proceso de privatización de la compañía.

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Según se informó a través de un comunicado, el proceso de venta del 90 por ciento de las acciones que posee el Gobierno nacional ya comenzó con la apertura de las ofertas económicas. La Defensoría bonaerense señaló que esto ocurre sin que la empresa aporte información que permita determinar que la transferencia no afectará las obligaciones que se le ordenó preservar por vía judicial.

“No se puede avanzar con la transferencia de AySA y averiguar después si están protegidos los derechos de las y los bonaerenses. Antes de que la operación se vuelva irreversible tiene que estar garantizado que no se van a reducir inversiones, postergar obras ni afectar las obligaciones ambientales y sanitarias de la empresa”, sostuvo Guido Lorenzino.

La medida cautelar, dictada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata y confirmada por la Cámara, obliga a la empresa a abstenerse de adoptar acciones que modifiquen, reduzcan, suspendan o desnaturalicen sus obligaciones de prestación. Esto incluye el mantenimiento y la ampliación de las redes, el tratamiento de efluentes, el saneamiento, la remediación de pasivos ambientales y el cumplimiento de los estándares de calidad.

Por su parte, el Gobierno nacional ya aprobó la primera etapa de la licitación con la apertura de las ofertas de los dos consorcios en competencia. Además, informó que el futuro operador deberá afrontar inversiones superiores a 2.000 millones de dólares en obras, mantenimiento, mejoras, operación y expansión del sistema.

Ante este escenario, la Defensoría del Pueblo de la Provincia considera que estas cifras refuerzan la necesidad de conocer, antes de que se concrete la transferencia, quién asumirá esas obligaciones, con qué capacidad técnica y económica y con qué garantías, antes de que exista un daño o una situación irreversible. 

Discusión

“La discusión no es privatización sí o privatización no. Hay una orden judicial vigente y hay derechos que deben ser protegidos. El agua potable, el saneamiento, la salud y el ambiente de millones de bonaerenses no pueden quedar sujetos a un hecho consumado”, concluyó Lorenzino.

En este marco, la Defensoría bonaerense solicitó que la Justicia intime de manera urgente a AySA a acreditar el cumplimiento efectivo de la medida cautelar. Asimismo, pidió que la empresa informe qué sucederá con las obligaciones vigentes, las obras comprometidas y pendientes, los pasivos ambientales y las garantías que deberá ofrecer el futuro operador.

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El Eco de Tandil

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