La Iglesia cuestionó el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada impulsado por el Gobierno

En una carta abierta dirigida a los legisladores nacionales, la Iglesia planteó fuertes críticas al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que actualmente se encuentra en tratamiento en el Senado. La iniciativa, elaborada por el Poder Ejecutivo, fue cuestionada por dejar sin efecto las limitaciones vigentes para la compra de tierras por parte de extranjeros, especialmente en áreas que comprenden reservas de agua y otros bienes naturales.

El proyecto es impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, con el objetivo de eliminar restricciones que limitan el derecho de propiedad y fortalecer la seguridad jurídica. La propuesta incluye modificaciones en el régimen de expropiaciones, procesos de desalojos y reformas en legislaciones vinculadas al manejo del fuego y tierras rurales.

A través de un pronunciamiento conjunto de Cáritas, el Área de Ecología Integral de la Comisión de Pastoral Social y la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen, la institución eclesiástica advirtió sobre las consecuencias de la normativa:

Este proyecto debilita la potestad del Estado, en sus distintos niveles, para gestionar el uso del territorio, planificar obras públicas y proteger el interés comunitario, sobre todo a los más vulnerables, frente a intereses privados, tanto locales como extranjeros.

El documento, titulado La tierra: madre, hermana y bien común, también expresa preocupación por los artículos que habilitan la utilización inmediata de tierras afectadas por incendios. Según los obispos, esta medida, que hasta el momento contaba con restricciones, atenta contra la soberanía de los recursos naturales.

En su argumentación, los organismos citaron la encíclica Laudato si, presentada en 2015 por el papa Francisco, y fragmentos de la reciente encíclica Magnifica humanitas, del papa León XIV. Bajo esta premisa, la Iglesia enfatizó que la tierra no debe ser considerada una mercancía ni un simple recurso económico.

Finalmente, los obispos solicitaron a los legisladores que guíen sus decisiones priorizando el bien común y el futuro de las generaciones venideras. Asimismo, pidieron establecer un marco jurídico razonable para los alquileres con el fin de favorecer el acceso a la vivienda de las familias más vulnerables.

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