La Justicia anuló las elecciones en la UOM, desplazó a Abel Furlán e intervino el gremio

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió este viernes anular las elecciones sindicales de la seccional Campana de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), realizadas entre el 2 y el 4 de marzo, así como la elección nacional de autoridades llevada a cabo el 18 de marzo. El tribunal dispuso, además, la intervención judicial del gremio.

La Sala VIII del tribunal, integrada por los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González, fundamentó la decisión en la falta de garantías de una elección confiable, segura y transparente en el proceso electoral de la localidad bonaerense. Según el fallo, la mecánica adoptada para el resguardo y recuento de votos durante los tres días de votación destruyó la objetividad del proceso y vulneró los principios de libertad y democracia sindical.

El conflicto tuvo su origen en la denuncia presentada por la Lista Naranja, encabezada por Angel Derosso, que representó a la oposición en la UOM Zárate-Campana. La agrupación impugnó el proceso ante la Junta Electoral el 3 de marzo, solicitando que la elección se realizara en una sola jornada. Sin embargo, la junta, alineada con Abel Furlán, extendió los comicios a 3 días y mantuvo las urnas bajo su custodia unilateral.

La custodia unilateral de las urnas sin controles efectivos ni intervención de los fiscales de todas las listas sepultó cualquier presunción de legitimidad y transparencia del comicio.

El tribunal consideró que las autoridades no notificaron formalmente a la oposición sobre el rechazo a sus pedidos y calificó como inaceptable e irrazonable la medida de permitir que los apoderados opositores pernoctaran en la sede para custodiar las urnas. Al invalidar la elección en Campana, la justicia determinó que el impacto fue directo en la conformación del Colegio Electoral que eligió a Abel Furlán como secretario general nacional, declarando nulo también dicho proceso.

Como consecuencia, el fallo ordenó el cese inmediato de Abel Furlán y de todos los funcionarios electos. La justicia designó al doctor Alberto Biglieri como interventor, otorgándole un plazo de 180 días para convocar a nuevos comicios que garanticen la transparencia y seguridad del sufragio.

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