La Justicia suspendió una cautelar por el financiamiento universitario y el caso llegará a la Corte
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal aceptó un recurso extraordinario presentado por el Gobierno nacional y dejó en suspenso una medida cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario.
El Gobierno nacional informó este jueves que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal concedió un recurso extraordinario impulsado por el Ejecutivo en la causa relacionada con la Ley de Financiamiento Universitario y resolvió suspender una medida cautelar vigente hasta que intervenga la Corte Suprema de Justicia.
Recibí las noticias en tu email
Accedé a las últimas noticias desde tu emailLa decisión judicial fue comunicada por el Ministerio de Capital Humano, que precisó que la presentación se realizó en el expediente “Consejo Interuniversitario Nacional y otros c/ EN – PEN – DTO 759/25 s/ amparo Ley 16.986”, iniciado tras cuestionamientos vinculados con la aplicación de la Ley N° 27.775.
Según indicó la cartera nacional, el planteo estuvo dirigido contra la resolución dictada el pasado 31 de marzo por la Sala III de la Cámara y fue acompañado por un pedido de efecto suspensivo, que finalmente fue aceptado por el tribunal.
De esta manera, la cautelar quedará suspendida hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronuncie de manera definitiva sobre el caso.
El Ejecutivo recordó además que la Ley de Financiamiento Universitario había sido promulgada mediante el Decreto 759/25, aunque su implementación quedó paralizada bajo el argumento de que el Congreso no estableció las fuentes específicas de financiamiento necesarias para solventarla.
En ese sentido, el Gobierno sostuvo que la puesta en marcha de la norma “comprometería el equilibrio de las cuentas públicas”, uno de los principales lineamientos económicos de la administración encabezada por Javier Milei.
Por último, desde el Ministerio de Capital Humano ratificaron el compromiso oficial con “el derecho de enseñar y aprender”, aunque remarcaron que ese objetivo debe sostenerse dentro de un esquema de “sostenibilidad fiscal” y de utilización “eficiente” de los recursos estatales.
La novedad judicial se conoció además en la antesala de una nueva Marcha Federal Universitaria convocada para el próximo martes. La movilización, impulsada por rectores, gremios docentes y centros de estudiantes, buscará volver a poner en agenda el reclamo por el financiamiento de las universidades públicas y cuestionar la decisión del Gobierno de trasladar el conflicto al plano judicial.
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