Las universidades públicas nacionales dieron otro paso en su reclamo por la plena aplicación de la Ley de Financiamiento  Universitario votada en dos ocasiones por el Congreso Nacional y ratificada tras el veto presidencial. Luego de un encuentro celebrado ayer, los representantes de las casas de altos estudios decidieron recurrir a la Justicia para impugnar el reciente decreto presidencial que, a pesar de promulgar la normativa, en los hechos la deja sin efecto.

La decisión fue formalmente anunciada ayer, tras una convocatoria extraordinaria que reunió a los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en un plenario que se celebró en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En ese encuentro, del que participó el rector Marcelo Aba en representación de la Unicen, acordaron por unanimidad que las universidades públicas recurrirán a la justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (Ley 27.795), sancionada por el Congreso y promulgada por decreto, pero con su aplicación suspendida hasta que el Poder Legislativo defina las fuentes de financiamiento.

Por estas horas, los asesores legales definirán la estrategia jurídica a implementar con el objetivo que el Poder Ejecutivo implemente de manera efectiva la ley.

Además de la acción judicial, los representantes de todas las universidades públicas resolvieron elevar al Congreso Nacional una solicitud para que se apruebe el presupuesto 2026 y que se contemple, como base presupuestaria, los recursos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario.

Las instancias previas

En diálogo con El Eco de Tandil, el rector de la Unicen, Marcel Aba, explicó que la medida judicial es el camino a seguir dado que el Poder Legislativo ya agotó sus instancias al aprobar la ley y levantar el veto. En ese sentido, sostuvo que “habíamos tenido reuniones previas a que apareciera el decreto presidencial con la promulgación, pero con la aclaración que no se la iba a aplicar”. Sin embargo, en ese momento, “no pudimos definir nada en concreto porque no sabíamos exactamente si se iba a promulgar o en qué condiciones”, contextualizó.

Entonces, una vez que tomaron conocimiento de los alcances del decreto publicado recientemente en el Boletín Oficial y de los argumentos utilizados para no aplicar la ley, ayer convocaron a una reunión “de urgencia” con el acuerdo “de todos de tratar de ver si por la vía judicial se puede lograr que el decreto no entre en vigencia en todos sus términos”.

En consecuencia, se iniciará una etapa de análisis que estará a cargo de los equipos de legales para definir los argumentos y la estrategia de la presentación. De todos modos, adelantó que “la inconstitucionalidad es una opción que se está barajando fuertemente”, aunque aclaró que será un enfoque a resolver.

“Lo que hicimos fue avanzar en esta idea de seguir los carriles que marca la Constitución; teniendo una ley que fue votada dos veces, levantada de un veto con unas mayorías muy amplias en el Congreso y así todo seguimos sin tener ley, recurrir a la Justicia a ver si podemos obtener allí satisfacción a las necesidades”, resaltó la máxima autoridad de la Unicen.

Aba marcó el consenso unánime en la necesidad de tomar cartas en el asunto y justificó que la opción fue llegar al Poder Judicial. “El otro Poder que podía actuar ya lo ha hecho e incluso levantó el veto”, pero aseguró que el Congreso “no tiene más herramientas a su alcance con respecto a la aplicación de esta ley en particular y lo que nos queda es la Justicia”.

En consecuencia, reconoció que “hay un acuerdo de ir a reclamar por la no validez de este decreto”, para lo cual después se abrirá un escenario para discutir los términos en que se hará.

El impacto en presupuesto y salarios

En otro pasaje de la entrevista, Aba detalló que esta situación tiene para las universidades en general, y para la Unicen en particular, un doble impacto.

El primero, de efecto inmediato, es la imposibilidad de recuperar el atraso salarial y en gastos de funcionamiento. “Lo que esperamos y lo que esta ley venía a hacer es recuperar alrededor del 40 por ciento de retraso, que no es un incremento, es recuperar lo perdido por inflación”, explicó.

Alertó que ese retraso es reconocido por el propio Gobierno en el decreto al “reconocer lo que costaría implementar la ley porque es lo que ha habido de diferencia entre inflación y los aumentos salariales y en gasto de funcionamiento”.

A más precisiones, indicó que los salarios universitarios acumulan un 40 por ciento de pérdida de poder adquisitivo “como mínimo” si se compara con diciembre de 2023, mientras que la parte de funcionamiento, si bien en menor medida, también sufre un “atraso importante”, al igual que las becas estudiantiles contempladas en la ley. Por ende, si se aplicara la normativa sancionada por el Congreso, “traería alivio a todas esas situaciones que ya son complejas”, afirmó.

El segundo aspecto refiere a la proyección presupuestaria. Así, planteó que si la ley estuviera en vigencia, se constituiría en el piso para la discusión del presupuesto del año próximo.

“De no ser tenida en cuenta la ley, seguimos tomando como piso el presupuesto de 2023, con lo cual claramente las posibilidades de recomposición son mucho más difíciles”, advirtió Aba.

Para el rector, ambas proyecciones son “muy importantes”, pero la del 2026 es “más preocupante”, ya que el hecho de proyectar el año entrante en los mismos términos que el actual “va a ser muy complejo”.

La necesidad de la ley de presupuesto

También hizo hincapié en la necesidad de recuperar un presupuesto anual aprobado. “Otro año, un tercer año consecutivo, sin presupuesto realmente se torna muy difícil proyectar, hacer cualquier tipo de análisis presupuestario”, sostuvo.

Aba explicó que actualmente las universidades están recibiendo “más dinero en forma de subsidios” que por la vía presupuestaria de base, ya que el presupuesto vigente fue redactado en 2022 y desde entonces “hubo períodos de muy alta inflación”.

De todos modos, indicó que las partidas que llegan “por fuera del presupuesto nunca está ciento por ciento garantizado”.

Para el rector de la Universidad Nacional del Centro, depender de estos aportes genera una incertidumbre constante. “Estamos pendientes de lo que el Gobierno nos va dando y con eso vamos tratando de armar algo parecido a un presupuesto, que en realidad preferimos llamarlo proyección presupuestaria”, enfatizó e insistió en que el país “no puede manejarse de esa manera” y que es fundamental volver a tener una ley de presupuesto.

Próximos pasos

Respecto a los plazos para la presentación judicial, Aba adelantó que la perspectiva es avanzar “lo más rápidamente posible”, pero insistió en que es necesario dar tiempo a los equipos legales para que encuentren los argumentos y construyan una presentación “muy seria”, sobre todo si se inclina por la inconstitucionalidad.

Y precisó que “hasta hace un par de días no sabíamos qué iba a decir el decreto”, por lo que resultaba “muy difícil empezar a trabajar”.

En definitiva, dijo que “tendremos que darle a los equipos legales ese tiempo para preparar lo que se vaya a presentar”. Luego de esa etapa, se volverán a reunir para definir la mejor estrategia, aunque la mayoría de las universidades se inclina por una presentación conjunta.

Posicionamiento político

El presidente del consejo, Oscar Alpa, resaltó que “40 años después del primer plenario del CIN, nos volvemos a encontrar en la UBA”, esta vez para que las universidades “tomen el posicionamiento político de exigir el cumplimiento de la ley y el respeto al sistema republicano”, en referencia al acuerdo al que llegó la totalidad de las instituciones universitarias nacionales presentes en el plenario.

“Un decreto no puede suspender una ley”, completó el decano anfitrión, Leandro Vergara, asistente en representación de la UBA. “Es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley, más aún en referencia a leyes con amplia legitimidad social, institucional y política”, agregó el vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci.

El presidente de la Nación Javier Milei había vetado la norma aprobada originalmente en agosto y el 2 de octubre el Congreso logró ratificarla. La ley fue promulgada, pero suspendida, cuestión que “viola de manera directa la división de poderes, mediante la invocación de fundamentos inválidos”, afirmó Vergara.

“Hemos sido muy responsables y serios priorizando siempre los caminos institucionales para reclamar una respuesta y corresponde ahora recurrir a la justicia para garantizar el cumplimiento de la ley”, cerró Bartolacci.

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