Alquileres
Proponen cambios y requisitos para designar al titular de la Oficina de Atención al Inquilino
Lo planteó el Frente de Todos a través de un proyecto de comunicación impulsado del concejal Juan Arrizabalaga. La iniciativa establece que el responsable de la oficina no se encuentre ligado al sector, como su antecesor, Matías Martínez Marini. Además, no puede ser propietario de viviendas en alquiler.
El Frente de Todos elevó un proyecto de comunicación vinculado a la designación del responsable de la Oficina Municipal de Atención al Inquilino, que se encuentra acéfala desde hace un tiempo a raíz de la salida de Matías Martínez Marini, ahora al frente de la Dirección de Ceremonial y Protocolo.
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La propuesta impulsada por el concejal e integrante de la Asamblea de Inquilinos, Juan Arrizabalaga, apunta a formalizar el pedido para que el Gobierno de Miguel Lunghi cubra el cargo vacante.
Sin embargo, el planteo modifica el esquema y avanza con un nuevo enfoque para que el Concejo Deliberante sea el encargado de elegir a quien ocupará el cargo, que debería cumplir una serie de requisitos.
En detalle, la iniciativa plantea una serie de condiciones que el responsable a designar debería cumplir. En principio, esa medida debería llevarla a cabo el Concejo Deliberante a partir de una terna para luego elegir a una persona.
Además, la persona propuesta para asumir la responsabilidad de estar al frente de la oficina que asesora a inquilinos no podrá ser profesional del sector inmobiliario ni propietario de viviendas en alquiler para no generar incompatibilices en virtud de la Ley de Ética Pública.
Entre los artículos, la propuesta también sugiere ampliar el equipo de trabajo, incorporando personal que aborde las situaciones con perspectiva de género, ante las diversas situaciones de abusos detectadas.
Desinterés y desidia
“Los inquilinos de la ciudad están en una situación crítica y el Estado municipal está ausente”, cuestionó Arrizabalaga, que estimó que se trata de un tercio de la población la que no cuenta con vivienda propia.
Frente a ese escenario, “la atención en la OMAI ha sido muy mala en el último timepo. Básicamente a favor de los multipropietarios y las inmobiliarias. Es una vergüenza el desinterés Municipal”, insistió el edil de la bancada opositora.
“Esta situación es una desidia. Lo que fracasa es la ausencia del Estado y la irresponsabilidad de quienes gobiernan ante la crisis de la vivienda”, finalizó.
El proyecto, en detalle
El proyecto de comunicación elevado por el Frente de Todos fija, en su artículo primero, la designación del nuevo responsable de la OMIC mediante la elección de una terna, que se realizará ante representantes de los distintos bloques que integran el Concejo Deliberante.
Luego, establece que el elegido para ocupar el cargo “no podrá ser alguien que desarrolle actividad inmobiliaria o la haya practicado en algún momento, como profesional corredor o martillero público, teniendo en cuenta la Ley de ética pública”.
En el artículo tercero marca que la persona a cargo “no podrá ser un ciudadano multipropietario con viviendas en alquiler, por lo cual deberá presentar una declaración jurada que aclare esa información”.
En tanto, señala que, en función de la gran demanda que presenta la OMAI, se ampliará el equipo de trabajo, que “deberá aportar una visión desde una perspectiva de género, teniendo en cuenta las diversas situaciones de conflicto y abusos que involucran no sólo una relación de poder asimétrica entre inmobiliarias, propietarios e inquilinos como tal, sino también una asimetría de poder en las relaciones de género entre partes”.
En el artículo quinto contempla que, entre las funciones de la OMAI se desarrollará el incentivo público para que propietarios e inquilinos “firmen sus contratos de alquiler de vivienda permanente en ésta área, de forma presencial, sin costos de intermediarios, donde recibirán asesoramiento sobre las condiciones legales vigentes, lo cual va a redundar en bajar sensiblemente los costos de contrato para ambas partes”.
Argumentos
Entre los argumentos, en el proyecto de resolución plantea que la comunidad inquilina de Tandil vive una situación “verdaderamente crítica” y que en los primeros meses del año “los aumentos de precios para los inicios de nuevos contratos de alquiler permanente se encuentran entre un ciento por ciento y un 400 por ciento”.
Señala que esta situación se suma a un contexto inflacionario general que “presiona fuertemente en el bolsillo y las condiciones de vida de quienes ya gastan un parte sustancial de sus ingresos en alquiler”.
E indicó que “muchos hogares inquilinos de la ciudad se encuentran en una situación de contratos vencidos sin poder resolver esa situación”, y en otros se firman por “fuera de la normativa vigente y precios muy altos”.
Advierte que la “desregulación” de los alquileres informales turísticos “permite la competencia desleal con los alojamientos turísticos registrados y achica la oferta de departamentos y viviendas en alquiler permanente, generando aumento de precios y dolarizando la oferta”.
“Si bien aún no tenemos los resultados del censo nacional estadístico, por datos oficiales previos sabemos que la ciudad vive en los últimos 20 años un proceso de concentración de la propiedad y crecimiento de la población inquilina con el consecuente deterioro de su calidad de vida”, agrega.
En ese sentido, señala que “la política municipal no gobierna las tendencias por momentos contrapuestas del acceso a la vivienda para los hogares locales, el crecimiento de la actividad turística y la demanda de alojamientos y la demanda de estudiantes universitarios”.
Por otro lado, “sigue vigente la práctica del cobro de los honorarios inmobiliarios de forma abusiva, recargándola en un ciento por ciento sobre los inquilinos por parte de intermediarios”, circunstancia que genera un “fuerte impedimento para los inicios de nuevos contratos de alquiler de vivienda permanente”.
Por lo expuesto, considera que resulta “fundamental” reforzar las funciones y el trabajo de la Oficina Municipal de Atención a Inquilinos.