¿Cómo se financian y cuánto dinero pueden gastar los partidos políticos en las próximas campañas?
La carrera electoral hacia las primarias de agosto y las generales de octubre volverá a poner en marcha la rueda financiera de los partidos políticos. Con magros o robustos recursos y diversas estrategias, la publicidad en redes, en medios y el despliegue en el territorio se reactivarán a medida que avancen los tiempos electorales. Según la Ley 26.215, el Estado contribuye parcialmente al financiamiento de las campañas. Asimismo, el tope de gastos impuesto este año por la Justicia Electoral a los partidos es de 3 mil millones de pesos para las campañas presidenciales.
En las semanas venideras, tras el cierre de listas apuntado para el 24 de junio, los políticos volverán al ruedo con las campañas de cara a la contienda electoral primaria que se disputará el próximo 13 de agosto. Con mayores o menores recursos, las diferentes fuerzas desplegarán sus lineamientos proselitistas rumbo a las PASO 2023.
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailEsta movida conlleva, naturalmente, un flujo de recursos financieros que sacuden el amperímetro de diferentes maneras, pero que además está normatizado. Según el marco legal vigente, Ley 26.215, el Estado contribuye, en parte, al financiamiento de las campañas electorales correspondientes a las elecciones primarias y generales.
Dicha contribución está destinada a través del aporte extraordinario de campaña para igualar posibilidades y a través de la contribución para la impresión de boletas, que insume cientos de miles de pesos.
Las bocas de financiamiento de las estructuras partidarias y de las carreras electorales son temas regulados legalmente en todas partes, aunque ello no ha impedido que existan maniobras fuera de este marco. De hecho, el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, años después admitió públicamente que su campaña electoral de 1994 se vio beneficiada por dinero procedente del narcotráfico.
En Argentina, la campaña presidencial de Carlos Menem que lo llevó al poder por primera vez, se solventó con recursos provenientes del secuestro de los hermanos Born. En 1974, la agrupación Montoneros secuestró a Juan y Jorge Born, y 15 años después utilizaron una parte del botín (que totalizó 60 millones de dólares) para financiar la campaña de Menem, quien cedió, en su gobierno, el manejo de la economía argentina al grupo Bunge y Born.
Para controlar el pulso proselitista, la Cámara Nacional Electoral ya estableció el límite de gastos que podrán realizar los partidos políticos para sus campañas en las elecciones nacionales de este año: para las generales de octubre el monto se fijó en 2.012.897.820 de pesos para la categoría de presidente y la mitad -ya que así lo establece la ley- para las primarias de agosto, 1.006.448.910. Vale aclarar que la cifra es por espacio político y no por precandidato.
Así lo fijó el tribunal -encargado de la organización y control de los comicios- en base a lo que aprobó el Congreso de la Nación en la Ley de Presupuesto de este año y de lo que establece la legislación de financiamiento de los partidos políticos. La cantidad de dinero que los partidos podrán gastar es más del doble del que se había fijado para las elecciones legislativas de 2021 y el incremento va en línea con la inflación.
Este mecanismo se establece a través de lo que se conoce como módulo electoral. Para los comicios de 2021 fue de 20,50 pesos y para los de este año de 56,82 pesos, y se fija según la cantidad de electores de cada provincia y de todo el país, según el padrón electoral.
A la hora de rendir cuentas a la Justicia Electoral, cada espacio político deberá presentar informes contables sobre los ingresos recibidos y los gastos realizados, que deberán contar con la firma de los dos responsables financieros y del eventual tesorero.
Los partidos y sus recursos
Una campaña proselitista insume gastos varios como impresión de folletos, carteles, alquiler de locales, viajes, despliegue de actos y otras cuestiones no menores. En Tandil, los partidos tradicionales y de gran envergadura, como Juntos y el Frente de Todos, que sostienen actividad todo el año, se financian a través de la ley vigente, pero también reciben aportes de sus propios afiliados y funcionarios, que suelen destinar una parte de su sueldo para mantener la rueda girando y, en algunos casos, también de los simpatizantes y empresarios afines.
En cuanto a la intervención del sector privado, es legal todo aporte, en dinero o en especie, que una persona humana o jurídica efectúe a una agrupación política, destinado al financiamiento de gastos electorales. Este modelo mixto rige también para el financiamiento de los partidos políticos, que pueden obtener sus recursos mediante aportes públicos y privados para el desarrollo de sus actividades.
No obstante, la presencia en los territorios y el “caminar” las ciudades, sigue teniendo un peso muy grande, sobre todo en lugares chicos, y es una herramienta eficaz para darse a conocer. De todas maneras, estas acciones deben estar amplificadas por el rebote publicitario y un aparato comunicacional que sepa cómo mostrarlo.
Por otro lado, en el caso del alquiler de los locales de campaña para hacer base, el Frente de Todos utiliza la histórica sede del PJ de la calle Pinto; Juntos tiene su bastión en el comité de la UCR de la calle Mitre, pero la línea nicolinista arrendó un local de campaña exactamente al lado, en Mitre 558, donde ya estuvo Patricia Bullrich, la aspirante presidencial con la que se encolumna el espacio. Siguiendo en la línea de Juntos, Juan Manazzoni usa un local cedido desde hace dos años en avenida España casi Colón para minimizar gastos.
Campaña en redes
Las redes sociales son uno de los caballitos de batalla en esta era y los especialistas señalan que con la pandemia hubo un uso más intensivo de la publicidad en redes sociales, pero aclararon que el fenómeno se ha consolidado en la última década y que la tendencia es ascendente. La posibilidad de segmentar los anuncios por población resulta un recurso muy valioso a la hora de elaborar y direccionar la propaganda. Además, tanto el gobierno de turno como los frentes electorales pagan pautas publicitarias en los distintas medios de comunicación (gráficos, radiales y televisivos). La pauta oficial está instrumentada también por ley.
En tanto, en Meta, la empresa dueña de Facebook e Instagram, las mayores publicidades son de entre 500 mil y 600 mil pesos, y pueden alcanzar el millón de impresiones. Estas publicaciones suelen ser textos acompañados por videos o imágenes, como cualquier posteo que se puede hacer en la red social y pueden durar hasta un mes con la posibilidad de ir renovando el mismo posteo con gastos similares.
Por otra parte, con base en los reportes del Centro de Transparencia Publicitaria de Google en Argentina, en el último mes los diferentes partidos políticos invirtieron 51.840.000 pesos en 4.352 avisos publicitarios.
A nivel local, a través de una herramienta de Facebook, es posible saber cuánto dinero invirtió cada candidato en publicidad en esa red social. El movimiento en esta dirección es muy tímido aún en el plano serrano.
Por ejemplo, en los últimos tres meses, el actual diputado nacional del Frente de Todos, Rogelio Iparraguirre, no invirtió dinero para posicionar su página en Facebook, según las métricas del sitio.
En el mismo periodo, la página oficial Intendente Miguel Lunghi, invirtió 14.424 pesos. Aquí la línea se desdibuja, porque si bien este medio es usado para publicitar los logros de la gestión, es pagado por el Municipio, pese a que se vincula directamente al proselitismo y es muy difícil separar una cosa de la otra en el caso del oficialismo. El sitio Municipio de Tandil ADN registra 55 mil pesos mil pesos por lo mismo.
Por caso, Gonzalo Santamarina, referente del partido vecinalista Acción Tandilense -no hay ninguna precandidatura confirmada aún-, puso 13 mil pesos en esta herramienta, de acuerdo a las mediciones que van el 27 de febrero al 27 de mayo.
Ley de financiamiento
El encuadre legal -Ley Nacional 26.215- que busca garantizar la mayor transparencia posible en los procesos políticos y electorales prohíbe aceptar o recibir, directa o indirectamente, contribuciones o donaciones en ciertos casos, tanto para las campañas como para los partidos.
A partir de la reforma, además de las personas físicas, las sociedades financieras, comerciales, asociaciones civiles, fundaciones y cooperativas pueden hacer donaciones a las campañas con topes, como ya se permitía para el financiamiento ordinario (no electoral), pero no se puede hacer donaciones anónimas. Las personas jurídicas y los individuos que hagan donaciones a los partidos y aportes a las campañas deben identificarse.
Además, continúan inhibidos para aportar a las campañas y a los partidos políticos los organismos del Estado de cualquier nivel de gobierno y los multilaterales, las empresas permisionarias, concesionarias, contratistas o proveedoras del Estado, las que explotan juegos de azar, las asociaciones sindicales y profesionales, los gobiernos extranjeros y las empresas extranjeras que no tengan domicilio en el país. Respecto de las personas físicas, no pueden aportar extranjeros sin residencia en el país, personas que exploten juegos de azar, o quienes estén imputados por violaciones a la ley penal tributaria.
Asimismo, las donaciones de las personas físicas deberán realizarse mediante transferencia bancaria, cheque, internet o cualquier otro medio siempre que permita la identificación del donante. En el informe final de campaña se deberá informar la identificación de las personas que hayan realizado las contribuciones o donaciones y quedan expresamente prohibidos los gastos de publicidad de campaña por cuenta de terceros.