Tierras para extranjeros: el Gobierno aceptó los cambios impulsados por senadores
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, acordaron mantener los cambios consensuados con los aliados para avanzar con la iniciativa.
:format(webp):quality(60)/https://cdn.eleco.com.ar/media/2026/02/bullrich_1.jpeg)
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, acordaron mantener las modificaciones consensuadas con los senadores libertarios y las bancadas dialoguistas respecto a la eliminación de restricciones para la venta de tierras a extranjeros. La confirmación llegó tras una reunión mantenida en el Senado, de la cual también participó el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace.
Recibí las noticias en tu email
Accedé a las últimas noticias desde tu emailPatricia Bullrich informó a los periodistas acreditados en el recinto que el ministro aceptó las reformas incluidas en el proyecto, por lo que aseguró:
“el 6 de agosto vamos con los cambios que acordamos con los aliados”.
Uno de los puntos centrales del debate giró en torno a las potestades que tendrán las provincias para aprobar la venta de tierras a inversores extranjeros. Sobre este aspecto, la senadora aclaró que las provincias mantienen facultades para legislar, aunque consideró que no cree que dicten leyes propias. Al respecto, señaló que Federico Sturzenegger tenía dudas iniciales sobre las modificaciones, pero que fueron aclaradas bajo una mirada federal que suma a las provincias en la toma de decisiones sobre zonas fronterizas.
La senadora enfatizó que se trata de un proyecto consensuado entre todos los bloques y aseguró que no se pone en peligro la soberanía nacional, argumentando que las leyes argentinas rigen para todos, sean nacionales o extranjeros. La iniciativa, que fue postergada en cuatro oportunidades, establece que cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre su territorio y podrá determinar el régimen jurídico aplicable.
El dictamen prohíbe la adquisición de tierras rurales por parte de Estados extranjeros o empresas con participación estatal foránea, salvo autorización específica de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional. Además, se elimina el artículo del silencio administrativo, evitando que las ventas se consagren automáticamente si no hay pronunciamiento en un plazo de seis meses.