Transporte público: Piden informes sobre el estado del servicio
El bloque de Acción Tandilense - La Libertad Avanza presentó un proyecto de comunicación en el Concejo Deliberante.
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Superado el debate sobre el cuadro tarifario del servicio público concesionado, que dejó un boleto plano en 1.506,47 pesos, el transporte de pasajeros quedó nuevamente en el foco de la agenda política local.
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailA través de una iniciativa legislativa, el bloque Acción Tandilense - La Libertad Avanza solicitó al Departamento Ejecutivo que brinde explicaciones detalladas sobre el grado de cumplimiento del pliego de bases y condiciones por parte de las empresas adjudicatarias.
El pedido surgió como respuesta a los “reiterados reclamos” de los usuarios vinculados al estado de las unidades, condiciones de higiene, falta de seguridad y deficiencias en las frecuencias y recorridos.
La presentación del proyecto de comunicación abrirá un período de debate hacia el interior de la Comisión de Transporte que preside la concejal Luján Fiego (Acción Tandilense – La Libertad Avanza).
La propuesta ingresará para su tratamiento al ámbito legislativo, que cumplirá hoy con su reunión semanal tras la discusión que llevó adelante para definir el cuadro tarifario que tendrá, a partir de los próximos días, el servicio.
Asimismo, incluirá en la agenda de temas otros expedientes, como la actualización del pasaje para los servicios interubanos a Gardey y a María Ignacia (Vela), mientras que el oficialismo buscará darle un nuevo impulso al proyecto de las fotomultas.
“En el Concejo Deliberante, lo único que se está discutiendo es la tarifa del boleto. No estamos abordando los incumplimientos ni las cuestiones de fondo del contrato del servicio de transporte”, justificó Fiego, que se respaldó en lo expuesto ante la Cámara de Transporte y “en cada sesión donde se plantea un aumento del boleto”, que “somos nosotros quienes recibimos de manera permanente las quejas de los vecinos”.
Sin embargo, sentenció, “el control efectivo del cumplimiento del pliego corresponde al Departamento Ejecutivo, que es quien tiene la potestad y la responsabilidad de fiscalizar el servicio”.
Desde el bloque señalaron que el objetivo es contar con información pública, clara y verificable, que permita evaluar la calidad del servicio y asegurar un sistema de transporte seguro, eficiente y accesible para todos los vecinos de Tandil.
Fundamentos
En los fundamentos de la norma, los autores del proyecto subrayaron que el transporte público constituye un “servicio esencial para la comunidad”, clave para garantizar el “acceso a derechos básicos de movilidad cotidiana de la población” y “equitativo a los ámbitos laborales, educativos, sanitarios, culturales y recreativos”.
Señalaron que el sistema reviste una “particular relevancia social” para los sectores más vulnerables de la población, que “dependen en mayor medida de este sistema para su movilidad diaria”. En ese sentido, afirmaron que resulta “prioritario asegurar condiciones de accesibilidad, tarifas razonables, buena calidad del servicio y una adecuada cobertura territorial”.
A través del documento presentado en el Concejo Deliberante, agregaron que el Estado Municipal, en su carácter de autoridad concedente, “tiene la responsabilidad indelegable de planificar, regular, controlar y fiscalizar la prestación del servicio de transporte público urbano, velando por su continuidad, regularidad, eficiencia, seguridad, accesibilidad y calidad”.
Asimismo, los concejales de la bancada libertaria consideraron que la concesión del servicio mediante el procedimiento de licitación pública implica la celebración de un contrato administrativo que “compromete recursos públicos y establece obligaciones recíprocas entre el Municipio y las empresas adjudicatarias”, por lo cual resulta “imprescindible” contar con información “clara, completa y verificable” sobre las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones y su “efectiva implementación”.
Asimismo, mencionaron que el pliego de bases y condiciones fija los parámetros técnicos, económicos, laborales y sociales que deben regir la prestación del servicio, incluyendo “recorridos, frecuencias, características del parque automotor, condiciones laborales del personal, régimen tarifario, accesibilidad para personas con discapacidad y mecanismos de control, aspectos todos ellos de alto impacto en la calidad de vida de los usuarios”.
Las demandas
La iniciativa no solo busca una respuesta administrativa sobre distintos aspectos vinculados al servicio, sino que interpela a la gestión comunal para que garantice el “estricto cumplimiento” de los artículos 54 y 55 del pliego vigente.
Entonces, a través del artículo primero, solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del área que corresponda, “garantice el estricto cumplimiento del pliego de bases y condiciones de la licitación pública del servicio de transporte público urbano de pasajeros, en particular de los incisos 4, 8, 9, 10, 14, 15 y 16 del artículo 54, así como del artículo 55”.
Asimismo, insta al Departamento Ejecutivo a reforzar los “controles y tareas de fiscalización” con el objeto de “asegurar adecuadas condiciones de higiene, seguridad, mantenimiento y confort en la prestación del servicio”.
En el artículo segundo, en tanto, exige a la administración comunal que remita un “informe detallado” respecto al estado actual del servicio de transporte público de pasajeros.
El documento debe incluir los siguientes datos:
Paradas del servicio: cantidad de paradas que disponen de señalización reglamentaria y/o refugios instalados y la proyección de señalizaciones previstas para el año 2026.
Las sanciones y multas a las empresas concesionarias en los últimos dos años en donde se detalle el tipo de infracción cometida, el monto de la multa aplicada, expresada en cantidad de boletos, el estado de pago de las sanciones y los casos de reincidencia y medidas adoptadas al respecto.
Funcionamiento de la ventanilla virtual (TABI) y presencial de denuncias, indicando la cantidad de denuncias recibidas, tipo de reclamos más frecuentes con sus respuestas y acciones adoptadas por la autoridad de aplicación.
Estado del parque automotor: cantidad total de unidades afectadas al servicio, la antigüedad de las unidades, cantidad de vehículos que superen los límites de antigüedad permitidos -en caso de existir- y controles realizados y desafectaciones temporales o definitivas.
Estado general de las unidades actualmente en circulación: las condiciones de mantenimiento preventivo y correctivo, la inexistencia de desperfectos, alteraciones o roturas en asientos, pisos, pasamanos, puertas y demás elementos internos y externos, el estado de los vidrios, ventanillas y parabrisas; la verificación que las unidades no presenten filtraciones, goteras ni ingreso de agua ante lluvias u otras condiciones climáticas y el cumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad, comodidad y habitabilidad exigidas para la prestación del servicio.
Más precisiones
La preocupación por el mantenimiento no se limitó a la mecánica, sino que incluyó aspectos de habitabilidad y confort. En efecto, el informe también debe incluir detalles sobre el estado, funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de climatización, calefacción y ventilación de las unidades e indicar si, “como consecuencia de los incumplimientos detectados, se aplicaron sanciones, apercibimientos, intimaciones o multas, especificando su naturaleza y estado administrativo”.
Asimismo, el pedido de informe puso el foco en la higiene y la sanidad del servicio. Los concejales preguntaron si existe un protocolo vigente de desinfección y mantenimiento y solicitaron una copia del mismo en caso de ser afirmativo.
En cuanto al cumplimiento de las condiciones de accesibilidad, solicitó detalles sobre “la cantidad de unidades adaptadas para personas con movilidad reducida; funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de accesibilidad y nuevas incorporaciones para el año 2026”.
Finalmente, pide un relevamiento sobre los controles efectuados al personal de conducción, incluyendo cumplimiento de vestimenta reglamentaria, uso indebido de dispositivos móviles y demás obligaciones establecidas en la normativa vigente.