La conmoción por las amenazas de tiroteos en escuelas continúa en ascenso y ya derivó en acciones policiales y judiciales en toda la provincia de Buenos Aires, donde se registraron alrededor de 1.000 denuncias vinculadas a pintadas, carteles y publicaciones en redes sociales con armas.

De acuerdo a datos del Ministerio Público Fiscal bonaerense, los casos se multiplicaron en distintos departamentos judiciales. En La Matanza se contabilizaron cerca de 200 denuncias, mientras que en Moreno se registraron unas 70 presentaciones, en el marco de una problemática que también se extendió a otros distritos del país.

En ese contexto, la Justicia comenzó a avanzar con medidas concretas. En Moreno, la fiscal de Responsabilidad Juvenil Alejandra Piqué, junto a las funcionarias Érica Chiessi y Solange Castelli, solicitó embargos a los padres de alumnos identificados como autores de amenazas.

La investigación permitió identificar a siete menores, dos de ellos de 16 años —y por lo tanto punibles—. A partir de allí, personal de la DDI realizó siete allanamientos, en los que se secuestraron armas que habrían sido exhibidas en redes sociales, además de celulares, computadoras, tablets y consolas de videojuegos.

Durante los operativos, los sospechosos fueron notificados por el delito de intimidación pública, mientras que el monto de los embargos aún no fue determinado. La definición quedará en manos de la jueza de Garantías del Joven, Mirta Guarino, y de la Fiscalía de Estado bonaerense, que deberá calcular los costos generados por los procedimientos.

Entre los gastos a considerar se incluyen operativos policiales, tareas investigativas y eventuales cambios en los protocolos escolares, en una lógica similar a la que se aplica en casos de amenazas de bomba.

En paralelo, en Mar del Plata, la Justicia adoptó una medida en la misma línea. El fiscal general Fabián Fernández Garello dispuso que los padres de estudiantes implicados deberán afrontar los costos de los operativos policiales y los posibles daños ocasionados.

La problemática también se replica fuera de la provincia. En Santa Fe, el gobierno provincial avanzó con una decisión similar, al estimar que cada despliegue policial ante una amenaza escolar puede costar entre cinco y seis millones de pesos. Solo en esa jurisdicción se registraron 65 denuncias en un día, en su mayoría por mensajes escritos en baños de establecimientos educativos.

Mientras tanto, la difusión de imágenes y mensajes intimidatorios —en algunos casos protagonizados por adolescentes— sigue generando preocupación en las comunidades educativas, que debieron reforzar medidas de seguridad ante una situación que no deja de escalar.

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El Eco de Tandil

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