La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) cuestionó con dureza la decisión del Senasa de desregular la aplicación de la vacuna contra la aftosa. Esta medida abrió la puerta para que los productores puedan elegir directamente un veterinario habilitado ante el ente sanitario, al margen de las fundaciones tradicionales.

La entidad, que reúne a decenas de asociaciones bonaerenses y pampeanas, consideró “inconsulta” la disposición e hizo diversas advertencias sobre el impacto en el sistema sanitario. En ese sentido, recordó que las fundaciones fueron figuras fundamentales para superar brotes de la enfermedad en el pasado, como ocurrió en 2001 y 2006. Asimismo, destacó que el sistema sanitario argentino “aparece hoy como robusto”.

En este contexto, la institución que preside Ignacio Kovarsky agregó que numerosos informes del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria “muestran la ausencia de circulación viral y niveles de inmunidad poblacional más que adecuados”.

Tras remarcar estos puntos, la entidad indicó a través de un comunicado: “En medio de la actual campaña de vacunación, sin ningún tipo de justificación técnica que lo avale, de manera absolutamente inconsulta, sin evidencias económicas que lo respalden y en forma absolutamente inoportuna, se pretende modificar mediante un acto administrativo la estructura central de la campaña de vacunación".

Falta de discusión técnica

Para Carbap, “resulta preocupante que la medida haya evitado la discusión técnica en ámbitos como la Conalfa y las Coprosas, que son precisamente los espacios previstos por la normativa para debatir este tipo de cuestiones”. Cabe recordar que la semana pasada, mediante la Resolución 201/2026, el organismo nacional modificó el esquema de vacunación del ganado contra fiebre aftosa y brucelosis bovina.

La nueva normativa dispuso que los titulares de establecimientos registrados en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa) podrán seleccionar libremente a un veterinario privado acreditado por el Senasa para comprar, conservar y aplicar las vacunas durante las campañas oficiales o en vacunaciones estratégicas.

La entidad rural también alertó que “tampoco existe una justificación económica clara para el cambio propuesto”, argumento que utilizó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, tras conocerse la medida. 

Al respecto, la confederación destacó: ”Cada fundación, ente o veterinario particular tiene su propia estructura de costos. En algunos casos, las entidades rurales pueden absorber gastos como electricidad, administración o alquiler, lo que permite ofrecer un costo menor por dosis aplicada. En otros casos, esas estructuras deben financiarse íntegramente con la actividad, lo que naturalmente se refleja en el precio final".

Finalmente, desde la organización agregaron que, “para quienes sostienen que el precio de la vacuna es la única variable relevante, el costo de la dosis aplicada equivale hoy a menos de 600 gramos de novillo, cuando históricamente representaba aproximadamente un kilo”. 

Por último, alertaron que en la medida “no se establece quién será responsable de garantizar que la vacunación se realice en tiempo y forma, quién controlará su cumplimiento ni quién asegurará la cobertura en los establecimientos de menor escala”.

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