Estatales bonaerenses deberán realizar una capacitación obligatoria en Derechos Humanos

La Cámara de Diputados bonaerense dio su visto bueno el martes al proyecto presentado por la legisladora María Rosa Martínez, el cual establece la capacitación obligatoria en Derechos Humanos para todos los estatales y funcionarios de la administración pública de la provincia de Buenos Aires, independientemente de su nivel o jerarquía. 

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La medida llega apenas 15 días después de que el Senado provincial otorgara la media sanción correspondiente.

Según lo estipulado en la normativa, la formación abordará principios básicos de Derechos Humanos, incluyendo los sistemas de protección nacionales, regionales e internacionales. Asimismo, se incluirán contenidos sobre el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, las prácticas respetuosas de los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas y la situación de grupos específicos.

El texto, que aguarda ahora por la reglamentación del Ejecutivo bonaerense para su entrada en vigencia, contempla la creación de una comisión de consulta, evaluación y monitoreo. De este organismo participará la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos, dependiente del Consejo Interuniversitario Nacional, con el fin de realizar sugerencias y modificaciones para optimizar la implementación de la ley.

La normativa advierte que aquellos agentes que se nieguen a realizar las capacitaciones estarán sujetos al régimen disciplinario de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Provincial, lo que podría derivar en apercibimientos o suspensiones de hasta dos meses.

La visión de la autora

Durante el tratamiento del proyecto en el Senado, María Rosa Martínez destacó la importancia de esta iniciativa en el contexto actual: “Nos parece muy deseable que en nuestra provincia y en nuestro país, los Derechos Humanos sean no solamente el logro de un sector, sino que impregne toda la vida democrática de la política y la sociedad argentina, sobre todo en un momento donde el Estado de derecho y la democracia está en peligro”.

Para la legisladora, el enfoque de Derechos Humanos en las políticas públicas es una herramienta fundamental para profundizar la mirada hacia las problemáticas sociales. Al respecto, señaló semanas atrás: “Este prisma constituye una guía para la actuación de los agentes estatales, para que ese accionar esté orientado y centrado en el sujeto titular de derechos desde una lógica transformadora, reparadora y de no repetición”.

Finalmente, Martínez subrayó la necesidad de un Estado activo en la promoción de garantías: “¿Qué queremos decir con esto? No se trata sólo de que el Estado intervenga ante la vulneración de un derecho, sino que trabaje positivamente en su prevención, eliminando barreras sociales, económicas, políticas y culturales, y en la promoción de derechos a fin de garantizar su ejercicio efectivo y pleno”.

La senadora concluyó que, si el Estado asume la responsabilidad de proteger y difundir derechos, esto se traduce en un campo de poder para los titulares de los mismos, comprometiendo la relación entre el derecho, el empoderamiento y la garantía de efectivización por parte del Estado.

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El Eco de Tandil

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