El Gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó una denuncia formal ante la Justicia al considerar que las más de 600 amenazas registradas en diversos establecimientos educativos responden a una “estructura delictiva” organizada. La presentación judicial busca identificar a los responsables detrás de estos actos que han generado alarma en la comunidad educativa bonaerense durante las últimas jornadas.

La iniciativa fue encabezada por el ministro de Justicia y DDHH, Juan Martín Mena, y el subsecretario de Política Criminal, Lisandro Pellegrini, en un trabajo articulado con el Ministerio de Seguridad, bajo la conducción de Javier Alonso. Los funcionarios solicitaron formalmente a la Procuración General bonaerense la apertura de una investigación profunda para dar con quienes promueven e instigan estas acciones de hostigamiento que afectaron a cientos de instituciones.

Desde el Ejecutivo provincial aclararon que, si bien las múltiples denuncias registradas en los establecimientos ya se encuentran bajo proceso en los distintos Departamentos Judiciales, esta nueva presentación apunta a unificar criterios y profundizar la línea investigativa. 

El objetivo está puesto en “instar una pesquisa que trascienda esas expresiones y se encamine a la dilucidación de la estructura delictiva que, contando con un esquema de intervención organizado o apostando a una fragmentaria espontaneidad, dio sustento a los sucesos que vienen teniendo en vilo a las comunidades escolares de nuestra Provincia”.

El trasfondo de esta situación se remonta, según el análisis oficial, al trágico ataque ocurrido el pasado 30 de marzo en la escuela Nº 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe. A partir de ese hito, las amenazas comenzaron a multiplicarse de manera exponencial tanto en territorio bonaerense como en el resto del país, afectando el normal desarrollo de las jornadas escolares y la tranquilidad de las familias.

La denuncia fue formulada desde una perspectiva de niñez, priorizando el impacto psicológico y social que estos episodios generan en los alumnos y el personal docente. Las autoridades provinciales buscan determinar si existe un plan coordinado para desestabilizar el clima institucional en más de 600 escuelas, un fenómeno que ha escalado de forma preocupante y que requiere una respuesta judicial coordinada.

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