La Provincia implementará un nuevo registro para proteger inmuebles de dominio público

El Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires estableció un nuevo esquema destinado a identificar, registrar y proteger los inmuebles que integran el dominio público bonaerense. La medida se formalizó a partir de la implementación del Registro de Bienes Inmuebles del Dominio Público, previsto en la Ley N° 15.558.

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Según lo dispuesto, la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad será el organismo encargado de poner en funcionamiento el sistema y de dictar las disposiciones técnico-registrales y administrativas necesarias para su correcto desempeño. Por su parte, la Dirección Provincial de Recursos Inmobiliarios Fiscales tendrá a su cargo la recepción de antecedentes, la calificación jurídica de los bienes y la gestión de su incorporación al nuevo registro.

La normativa define como bienes inmuebles del dominio público provincial a aquellos que, siendo de titularidad de la Provincia, se encuentren afectados al uso público, además de aquellos a los que una ley les otorgue expresamente ese carácter. Uno de los objetivos centrales de esta iniciativa es avanzar en un relevamiento integral de todos los inmuebles que se encuentran bajo administración o custodia del Estado bonaerense.

Para concretar este proceso, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deberán informar a la Dirección Provincial de Recursos Inmobiliarios Fiscales sobre los inmuebles que estén bajo su órbita y que, por sus características, puedan pertenecer al dominio público. Los organismos deberán aportar los antecedentes catastrales, cartográficos y técnicos disponibles, junto con información vinculada al uso y destino de cada inmueble y las eventuales concesiones otorgadas.

Una vez recibida la documentación, la Dirección Provincial de Recursos Inmobiliarios Fiscales analizará los datos para determinar la procedencia de la inclusión de cada bien en el sistema. Asimismo, la resolución establece que dicho organismo ejercerá el poder de policía administrativa con fuerza ejecutoria sobre los bienes del dominio público provincial.

Ante la verificación de conductas que modifiquen, perturben o afecten esos inmuebles, el organismo estará facultado para disponer medidas que restituyan las condiciones preexistentes en forma directa y a costa del infractor. Para llevar adelante estas acciones, la autoridad podrá requerir el auxilio de la fuerza pública.

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El Eco de Tandil

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